Panamá se vio sacudida este viernes 23 de mayo de 2025 por una jornada de protestas masivas, con miles de personas marchando en la capital para rechazar la represión contra líderes sindicales y el arresto de dos dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
Los manifestantes, que caminaron pacíficamente por la avenida costanera hacia la sede gubernamental, portaron banderas panameñas y exigieron la liberación de Genaro López y Jaime Caballero, detenidos bajo acusaciones de blanqueo de capitales que el gremio califica como persecución política. Saúl Méndez, líder de Suntracs, buscó asilo en la embajada de Bolivia el miércoles para evitar ser arrestado, mientras la fiscalía ha allanado locales del sindicato y emitido órdenes de captura contra otros dirigentes, cuyos nombres no han sido revelados.
Los participantes en las protestas, que incluyeron a trabajadores de la construcción, bananeros y maestros, denunciaron una oleada de represión bajo el gobierno de José Raúl Mulino, en el poder desde mayo de 2024. Héctor Hurtado, sindicalista de Suntracs, afirmó que “nuestros dirigentes han sido brutalmente reprimidos porque no toleran que alcemos nuestra voz contra esta política neoliberal”. Las manifestaciones se intensificaron tras casi un mes de huelga iniciada por Suntracs y otros gremios, quienes rechazan una reforma al Seguro Social y un acuerdo con Washington que permite el despliegue de tropas estadounidenses para proteger el canal de Panamá, medida que ha generado fuerte oposición ciudadana.
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Denuncian persecución política en Panamá
Los sindicatos aseguran que las detenciones forman parte de una estrategia de persecución política para debilitar sus movimientos. Ronaldo Ortiz, de la organización popular Frenadeso, señaló que “hay persecución en el país, con compañeros aprehendidos sin pruebas suficientes”. López fue arrestado el jueves, mientras que Caballero fue detenido la semana pasada, ambos enfrentando cargos que el Suntracs considera fabricados.
La fiscalía ha intensificado sus operativos, incluyendo allanamientos con policías encapuchados, lo que ha avivado las tensiones. Mulino, por su parte, se ha negado a dialogar con el sindicato, calificándolo de “mafia” y afirmando que los arrestos son decisiones de la fiscalía, no suyas. “Yo no investigo a nadie ni mando arrestar a nadie”, dijo el mandatario el jueves.
La maestra Damaris Frutos, de 59 años, expresó durante la marcha su preocupación por la intimidación a los líderes sindicales. “Las autoridades buscan debilitar los gremios con estas acciones”, comentó, reflejando el sentir de muchos manifestantes que ven en los arrestos un intento de silenciar la disidencia. Las protestas se han extendido a varias ciudades, con paros de maestros en escuelas públicas y bloqueos en carreteras, afectando el comercio y el transporte. La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y otros grupos han apoyado las movilizaciones, denunciando que la represión busca desmantelar la resistencia social.
Judicialización marca las protestas
La judicialización de la protesta social ha sido otro foco de controversia. Fernando Ábrego, secretario general de Asoprof, criticó que mientras líderes sindicales enfrentan procesos legales con “expedientes amañados y pruebas falseadas”, figuras como el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de corrupción, han evadido la justicia.
“A los ricos que roban millones les dan salvoconducto para disfrutar de la riqueza en otros países, mientras a los patriotas y luchadores sociales se les aplica el rigor de la ley”, afirmó Ábrego. Esta percepción de doble rasero ha alimentado la indignación, con manifestantes exigiendo justicia equitativa y el cese de lo que consideran una persecución selectiva.
Las protestas han incluido marchas diarias y concentraciones frente a edificios gubernamentales, con pancartas que reclaman un “Panamá diferente” basado en la justicia social. A pesar de la presencia policial, que ha vigilado de cerca las movilizaciones, los organizadores han prometido continuar hasta lograr sus objetivos.
El gobierno, sin embargo, mantiene su postura de no negociar, mientras la crisis social se profundiza, dejando a la población en vilo ante un posible escalamiento de las tensiones. La represión sigue siendo el eje de las demandas, con los sindicatos jurando seguir luchando por sus derechos.