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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado su política migratoria al ordenar la colocación de tobilleras electrónicas con GPS a más de 180,000 migrantes inscritos en el programa Alternativas a la Detención, según un memorando interno del 9 de junio de 2025. Esta medida, que busca monitorear a personas en procesos migratorios sin necesidad de detención física, ha generado un debate sobre privacidad y derechos humanos, especialmente en el contexto de las políticas de deportación impulsadas por el presidente Donald Trump. A continuación, exploramos cómo funciona este sistema y sus implicaciones.
Tobilleras electrónicas a 180 mil migrantes: el mecanismo
El programa Alternativas a la Detención, gestionado por ICE, supervisa a 183,000 migrantes que no están en centros de detención, pero enfrentan procesos administrativos, como audiencias en cortes migratorias o posibles órdenes de deportación. Según el memorando, la instrucción es colocar tobilleras electrónicas “siempre que sea posible” a todos los participantes, con excepciones limitadas, como mujeres embarazadas, a quienes se les asigna una muñequera electrónica. Actualmente, solo el 13% de los inscritos, unas 24,000 personas, usa estos dispositivos, lo que indica un aumento significativo en su implementación. Las tobilleras, equipadas con tecnología GPS, permiten a ICE rastrear los movimientos de los migrantes en tiempo real, asegurando su asistencia a citas judiciales o el cumplimiento de órdenes de expulsión.
Por su parte, el sistema opera mediante contratos con empresas privadas como BI Incorporated, que en 2024 generó ingresos por 150 millones de dólares por servicios de monitoreo migratorio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Los dispositivos, que se recargan diariamente y pesan entre 200 y 300 gramos, envían alertas automáticas si el usuario se aleja de áreas permitidas o intenta retirarlos. Aunque ICE asegura que el programa reduce la necesidad de detención, críticos como la Unión Americana de Libertades Civiles argumentan que las tobilleras son invasivas, incómodas y estigmatizantes, especialmente en comunidades donde los migrantes ya enfrentan discriminación.
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Críticas y desafíos de las tobilleras electrónicas a 180 mil migrantes
La expansión del uso de tobilleras electrónicas ha reavivado preocupaciones sobre la privacidad y el impacto psicológico en los migrantes. Organizaciones como el National Immigration Law Center han denunciado que los dispositivos, que deben usarse las 24 horas, limitan la libertad de movimiento y generan ansiedad, ya que los usuarios son monitoreados constantemente. En 2024, un informe de la Universidad de California señaló que el 60% de los migrantes con tobilleras reportaron incomodidad física, como irritación en la piel, y un 45% expresó sentirse “marcado” en sus comunidades. Además, el estigma asociado puede dificultar la integración laboral y social, especialmente para familias con niños.
Pese a todo, ICE defiende el programa como una alternativa humanitaria a la detención, que actualmente alberga a 50,000 personas en centros privados, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la medida coincide con la agresiva agenda migratoria de Trump, quien desde enero de 2025 ha ordenado 3,000 deportaciones diarias. En los primeros 100 días de su administración, ICE reportó 66,463 arrestos y 65,682 deportaciones, enfocándose en migrantes con antecedentes penales, aunque el 50% de los deportados no tenía condenas, según un análisis de The Washington Post. Este contexto ha intensificado el temor entre las comunidades migrantes, muchas de las cuales evitan servicios públicos por miedo a ser rastreadas.
Contexto de las tobilleras electrónicas a 180 mil migrantes
La orden de ICE se enmarca en una serie de medidas para reforzar el control migratorio, incluyendo un presupuesto de 170,000 millones de dólares aprobado en julio de 2025 para financiar detenciones y deportaciones. El programa de tobilleras, que comenzó en 2004, había sido usado de manera limitada hasta ahora, pero la nueva directiva busca estandarizar su aplicación. Mientras tanto, México ha expresado preocupación por el impacto de estas políticas, especialmente tras redadas en regiones como Nantucket, donde 40 migrantes fueron arrestados en mayo de 2025. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como Amnistía Internacional, ha pedido revisar el uso de tobilleras por posibles violaciones a los derechos humanos, mientras los migrantes enfrentan un futuro incierto bajo un sistema de vigilancia cada vez más estricto.