Supremo avala a Trump en orden que limita la ciudadanía
La Corte Suprema de EE.UU., con una mayoría conservadora de 6 a 3, falló el 27 de junio de 2025 a favor de la administración del presidente Donald Trump, levantando los bloqueos de tribunales inferiores a su orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados o con visas temporales. El fallo, que no aborda el fondo de la orden, intensifica el debate sobre los derechos constitucionales y las políticas migratorias.
Decisión del Supremo
La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, argumentó que los tribunales federales carecen de autoridad para imponer bloqueos nacionales a órdenes ejecutivas, limitándose a resolver casos específicos. El fallo anula las decisiones de jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, que en 2025 declararon que Trump no puede alterar la 14ª Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía por nacimiento. En X, #CiudadaníaEEUU generó 15,000 publicaciones, reflejando la polarización.
Orden ejecutiva en pausa
La orden de Trump, firmada el 20 de enero de 2025, permanece suspendida por 30 días tras el fallo, según Barrett. Esto da margen a los opositores para presentar demandas colectivas. La medida podría afectar a 255,000 bebés anuales, según el Migration Policy Institute. En 2024, 4.1 millones de hijos de inmigrantes nacieron en EE.UU., representando el 7% de la población, según el Pew Research Center. La comunidad latina, con 37 millones de personas, teme un impacto desproporcionado.
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Disenso de las juezas liberales
La jueza Sonia Sotomayor, en un raro anuncio desde el estrado, calificó el fallo como una renuncia al “estado de derecho”. Ketanji Brown Jackson, en su disenso, acusó al gobierno de usar tecnicismos para ocultar una violación de derechos constitucionales, advirtiendo sobre una “amenaza existencial” a la democracia. En 2024, el 60% de los estadounidenses apoyaba la ciudadanía por nacimiento, según Gallup, pero el 55% respaldaba restricciones a inmigrantes indocumentados.
Contexto de la orden de Trump
La restricción de la ciudadanía por nacimiento fue una promesa clave de la campaña de Trump, quien intensificó su política migratoria en 2025, deportando a 300,000 personas, un 25% más que en 2024, según ICE. La orden busca negar la ciudadanía a hijos de indocumentados, a pesar de que la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, la garantiza a quienes nacen en suelo estadounidense. En 2023, 500 demandas migratorias llegaron a tribunales federales, según el Departamento de Justicia.
Reacciones y críticas
Organizaciones como la ACLU y RAICES condenaron el fallo, planeando acciones legales colectivas. En Los Ángeles, donde el 35% de la población es latina, se organizan protestas para el 30 de junio. El senador demócrata Chuck Schumer calificó la decisión como un “retroceso” para los derechos civiles, mientras el republicano Ted Cruz la defendió como un “triunfo” para la soberanía. En 2025, el 70% de la comunidad hispana desaprobaba las políticas migratorias de Trump, según una encuesta de Univision.
Implicaciones legales
El fallo no evalúa la constitucionalidad de la orden, pero permite su avance al eliminar bloqueos nacionales. Expertos legales, como los del Centro de Estudios de Inmigración, estiman que 50 demandas similares podrían surgir en 2026. En 2024, los tribunales federales procesaron 1,200 casos relacionados con políticas migratorias, según el Administrative Office of the U.S. Courts. La decisión refuerza la autoridad ejecutiva de Trump, quien en 2025 incrementó el presupuesto de ICE en $8,700 millones.
Impacto en la comunidad migrante
La comunidad latina en estados como Texas y California, con 18 millones de personas, teme que la orden estigmatice a los hijos de inmigrantes. En 2024, 1 millón de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados enfrentaron riesgos de deportación familiar, según el Migration Policy Institute. Organizaciones comunitarias planean foros en Miami y Houston para abordar el impacto. Mientras, Trump insiste en que la medida protege la “integridad” de la ciudadanía, aunque la falta de claridad legal podría prolongar la batalla judicial en los próximos meses.