El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha confirmado que este jueves reanudó el envío de inmigrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo. Estas personas están presuntamente vinculadas con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Este traslado se da en medio de demandas legales que intentan detener los envíos hacia esta base militar, en un contexto de creciente preocupación por las implicaciones legales y humanitarias de estas deportaciones.
¿Qué está pasando en Guantánamo?
En una confirmación exclusiva a Univision Noticias, Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, afirmó que el gobierno de EE. UU. había enviado nuevamente a miembros de pandillas peligrosas y extranjeros ilegales desde suelo estadounidense hacia la bahía de Guantánamo. Según McLaughlin, estas personas están vinculadas con el Tren de Aragua, una organización criminal que ha estado operando en Venezuela y otros países de América Latina, y se les considera una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.
Aunque la cifra exacta de personas trasladadas no ha sido confirmada, el diario The New York Times reportó que aproximadamente 20 personas fueron enviadas desde El Paso, Texas, a la base de Guantánamo en un vuelo charter el jueves.
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Fotografía de archivo de una zona del centro de detención en la Base militar estadounidense en Guantánamo (Cuba), que ahora albergará migrantes indocumentados por orden de Donald Trump. EFE/ Marta Garde
El Tren de Aragua y la controversia en torno a los traslados
El gobierno estadounidense ha justificado estos traslados mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le otorga poderes para deportar a extranjeros sin la intervención de un tribunal de inmigración. Sin embargo, este uso de la ley ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos y grupos legales que defienden a los inmigrantes.
Las críticas han surgido especialmente porque no se ha presentado evidencia concreta que vincule de manera sólida a estos inmigrantes con el Tren de Aragua. En algunos casos, como ha informado Univision, los migrantes fueron detenidos principalmente por sus tatuajes, los cuales las autoridades vinculaban con la pandilla. Entre estos tatuajes se incluyen símbolos como coronas, frases como «real hasta la muerte» y otros más asociados a la cultura delictiva venezolana.
Por su parte, funcionarios venezolanos que han trabajado en investigaciones sobre el Tren de Aragua afirman que no se ha identificado de manera oficial la simbología descrita por las autoridades estadounidenses. Esto ha generado un debate sobre la veracidad de las pruebas utilizadas para justificar las deportaciones.
El papel de El Salvador y la Ley de Enemigos Extranjeros
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que solo se había utilizado en tiempos de guerra, ha sido un punto de controversia adicional. La administración del expresidente Donald Trump justificó su aplicación debido a lo que calificó como una «incursión predatoria» del Tren de Aragua en territorio estadounidense, que según ellos, ha provocado una especie de «guerra» con las bandas criminales que operan en el país.
Por otro lado, el gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha colaborado con Estados Unidos al recibir a los inmigrantes deportados de Guantánamo. Más de 200 personas han sido detenidas en El Salvador, presuntamente vinculadas con la banda, y llevadas a prisión. Sin embargo, el gobierno venezolano ha insistido en que estas personas son inocentes y que no pertenecen al Tren de Aragua, tachando el proceso de «guerra contra Venezuela» y criticando el uso de la ley estadounidense.
Fotografía de archivo de una zona del centro de detención de Guantánamo, en la Base militar estadounidense en Guantánamo (Cuba). EFE/ Marta Garde
Demandas y derechos de los inmigrantes
A pesar de las justificaciones del gobierno de EE. UU., los defensores de los derechos humanos han señalado que las deportaciones a Guantánamo y la detención en esta base violan los derechos fundamentales de los inmigrantes. Existen varias demandas legales en curso que buscan frenar estos traslados, argumentando que los detenidos no tienen acceso adecuado a asistencia legal y que su detención violenta principios básicos de justicia.
Por ejemplo, algunos abogados que representan a los migrantes han denunciado que la mayoría de ellos fueron detenidos sin pruebas claras y que el gobierno de EE. UU. ha utilizado un criterio sumamente vago para justificar los traslados. La falta de pruebas contundentes y las acusaciones basadas principalmente en la simbología de los tatuajes han alimentado las dudas sobre la legalidad y la equidad del proceso.
La postura de Venezuela sobre la situación
Desde Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado enfáticamente las acusaciones contra los migrantes deportados y ha sostenido que el Tren de Aragua ha sido utilizado como una herramienta de estigmatización. Según Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, estas deportaciones son una parte de una campaña para «demonizar» al pueblo venezolano, en lugar de enfrentar el crimen organizado.
Cabello y otros funcionarios venezolanos insisten en que los 919 migrantes venezolanos que han sido repatriados desde febrero no están involucrados en actividades del Tren de Aragua, a pesar de los señalamientos de EE. UU. Esta postura ha generado tensiones diplomáticas entre Venezuela y los países involucrados en las deportaciones.
