El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó formalmente al Congreso la disolución efectiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una entidad que durante décadas lideró los esfuerzos de ayuda humanitaria y desarrollo global con un presupuesto anual que superaba los 40 mil millones de dólares.
Esta decisión, que marca el fin de USAID como agencia independiente, responde a una reestructuración impulsada por la administración de Donald Trump, quien desde su regreso al poder en enero ha priorizado la eficiencia gubernamental y la alineación de los programas federales con los intereses nacionales. La medida, que será efectiva el 1 de julio, trasladará algunas funciones clave de USAID al Departamento de Estado, mientras que otras serán eliminadas por considerarlas redundantes o desalineadas con las prioridades actuales.
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La notificación enviada al Congreso detalla que el Departamento de Estado asumirá responsabilidades como la asistencia humanitaria, funciones de salud global y ciertos programas de seguridad nacional, según un comunicado oficial emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, gran parte de las operaciones de desarrollo regional que USAID manejaba en más de 100 países serán desmanteladas.
Rubio justificó la acción señalando que «USAID se alejó de su misión original hace tiempo, generando costos excesivos y beneficios limitados para los ciudadanos estadounidenses». Esta reestructuración llega tras semanas de incertidumbre, marcadas por la reducción drástica del personal de USAID, que pasó de 10,000 empleados a menos de 900 en los últimos dos meses, y la cancelación de miles de contratos de ayuda extranjera.
El anuncio no ha estado exento de controversia. Desde su creación en 1961 bajo la administración de John F. Kennedy, USAID ha sido un pilar de la política exterior estadounidense, enfocada en combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades a nivel global. La decisión de disolverla sin una votación directa del Congreso ha generado críticas entre legisladores demócratas, quienes argumentan que el Ejecutivo carece de autoridad unilateral para eliminar una agencia establecida por ley. «Esto es un ataque a nuestra estructura constitucional», afirmó el senador Chris Murphy en un discurso reciente, subrayando que cualquier cambio estructural de esta magnitud requiere aprobación legislativa.
Departamento de Estado: Nuevas funciones
El proceso de integración al Departamento de Estado implica que las oficinas regionales de USAID, que operaban en África, Asia y América Latina, se fusionarán con las correspondientes divisiones diplomáticas del Departamento. Esto incluye programas críticos como la distribución de ayuda alimentaria de emergencia, que en 2024 alcanzó a más de 25 millones de personas, según datos oficiales de la propia agencia antes de su desmantelamiento. Sin embargo, funciones como los proyectos de desarrollo económico a largo plazo y la promoción de la democracia, que consumían cerca del 40% del presupuesto de USAID, serán descartadas por considerarse duplicadas o poco estratégicas bajo la visión «America First» de Trump.
El Departamento de Gobierno Efficiency (DOGE), liderado por Elon Musk, ha jugado un rol central en esta reestructuración. Desde enero, DOGE identificó a USAID como un objetivo prioritario para recortes, alegando ineficiencias y desvíos de fondos hacia proyectos no alineados con los intereses nacionales.
En un mensaje interno a los empleados restantes de USAID, Jeremy Lewin, enlace de DOGE en la agencia, destacó que la medida busca «fortalecer la uniformidad y el impacto estratégico en la asistencia extranjera». Sin embargo, organizaciones humanitarias han advertido que la eliminación de estos programas podría dejar a millones sin apoyo vital, especialmente en regiones afectadas por conflictos y desastres naturales.
Departamento de Estado enfrenta retos legales
La disolución de USAID no será un camino sin obstáculos. El Departamento de Estado ya enfrenta demandas legales de grupos de ayuda y exempleados de USAID, quienes argumentan que la acción viola el Foreign Assistance Act de 1961, que creó la agencia, y la Ley de Reforma y Reestructuración de Asuntos Exteriores de 1998, que la estableció como entidad independiente. Un juez federal dictaminó el 18 de marzo que los esfuerzos iniciales de DOGE para cerrar USAID eran «probablemente inconstitucionales», lo que podría complicar la implementación total de la reestructuración antes del plazo del 1 de julio.
Mientras tanto, en el terreno internacional, países beneficiarios de USAID, como Ucrania y varias naciones africanas, evalúan cómo llenar el vacío dejado por la agencia. En 2023, USAID aportó más del 42% de la ayuda humanitaria global rastreada por las Naciones Unidas, una cifra que subraya su peso en el escenario mundial. Por ahora, el Departamento de Estado trabaja en planes de transición, pero el impacto inmediato de esta decisión ya se siente, con programas de salud y nutrición en pausa y miles de trabajadores humanitarios estadounidenses enfrentando un futuro incierto tras el colapso de uno de los pilares de la asistencia global de Estados Unidos.
