Elección judicial en México: Culmina la campaña para votaciones del 1 de junio
Este miércoles finaliza en México una campaña electoral inédita que culminará el próximo 1 de junio, cuando casi 100 millones de ciudadanos estarán convocados a las urnas para elegir por primera vez en la historia a integrantes del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, magistrados y miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Con un total de 3,422 candidatos registrados, esta elección marca un hito en la política judicial mexicana y ha generado un intenso debate en todo el país por su alcance y posibles implicaciones en la división de poderes.
Presidenta Sheinbaum llama a una participación masiva
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En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la ciudadanía a participar de manera activa en la jornada electoral, defendiendo el proceso como una vía para democratizar el sistema judicial. Según expresó, esta elección representa una ruptura con el esquema tradicional de designaciones, antes acordadas entre el Ejecutivo y el Senado.
“Quienes resulten elegidos van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia respecto al pasado”, afirmó Sheinbaum, asegurando que el nuevo modelo permitirá que los juzgadores actúen con mayor responsabilidad ante la sociedad mexicana.
Se eligen cargos clave en tribunales federales y estatales
La elección abarca 881 cargos a nivel federal: nueve ministros para la SCJN, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 para salas regionales, cinco para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, además de 464 magistraturas y 386 juzgados.
Adicionalmente, se renovarán estructuras judiciales en 19 estados, donde están en juego 1,787 cargos más, elevando a 3,422 el total de posiciones que serán definidas en las urnas.
Durante los 60 días de campaña, iniciada el 30 de marzo, los aspirantes enfrentaron el reto de darse a conocer en un entorno donde la mayoría del electorado desconoce sus trayectorias, debido a la poca visibilidad pública de los perfiles judiciales.
Críticas desde la oposición y llamados al abstencionismo
A pesar del impulso oficial, el proceso ha sido fuertemente cuestionado por sectores de la oposición y figuras públicas, que consideran la elección un intento del oficialismo por someter al Poder Judicial. Entre los críticos destacan los exconsejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, quienes han llamado a no votar como forma de protesta ante lo que consideran un retroceso democrático.
El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, también se manifestó en contra del proceso, asegurando que no acudirá a votar porque “esta elección es la farsa más grande que se ha hecho en este país”.
INE estima baja participación en comicios judiciales
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta una participación de entre el 13 % y el 20 %, en línea con la consulta de revocación de mandato de 2022. Algunas encuestas privadas colocan la intención de voto incluso por debajo del 10 %, reflejando el desinterés o desconocimiento del electorado frente a esta novedosa contienda.
La autoridad electoral adelantó que los resultados preliminares se darán a conocer la noche del 1 de junio a través de una muestra de 1,644 casillas, aunque reconoció que la complejidad de las boletas y el número de cargos dificultan una estimación precisa.
Alertas por seguridad y posible injerencia criminal
Diversas organizaciones civiles y agencias internacionales como la ONU han expresado preocupación por el contexto de violencia en el que se desarrollarán estos comicios. En algunos estados se han registrado ataques contra funcionarios judiciales y amenazas contra candidatos, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible injerencia del crimen organizado en los resultados.
Analistas advierten que, aunque la elección busca reforzar la legitimidad del sistema judicial, también podría abrir nuevas tensiones institucionales si se percibe que los ganadores responden a intereses políticos y no a criterios de imparcialidad.
El proceso, considerado un experimento sin precedentes en América Latina, será observado de cerca tanto por actores nacionales como por organismos internacionales interesados en la independencia judicial y el futuro del Estado de derecho en México.