En una decisión que marca un hito en la política migratoria de Estados Unidos, el juez federal Trevor Neil McFadden ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump a implementar un registro obligatorio para todas las personas en el país sin estatus legal. Esta medida, que entrará en vigor el 11 de abril de 2025, exige que los inmigrantes indocumentados se registren ante las autoridades federales, proporcionando información personal y huellas dactilares. El incumplimiento de esta obligación podría resultar en sanciones penales, incluyendo multas de hasta $5,000 y penas de prisión de hasta seis meses.
Contexto histórico y legal del registro obligatorio
La base legal para este registro se encuentra en la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, establecida durante la Segunda Guerra Mundial, y reforzada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Aunque estas leyes han estado vigentes por décadas, su aplicación ha sido esporádica. La administración actual ha decidido hacerlas cumplir de manera más estricta, argumentando que es esencial conocer la identidad y paradero de todas las personas en el país, tanto por razones de seguridad nacional como para gestionar adecuadamente las políticas migratorias.
Procedimiento y requisitos del registro
A partir del 11 de abril, todos los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años deberán registrarse a través del portal en línea de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS). El proceso incluye la creación de una cuenta en el sitio web my.uscis.gov, la presentación del Formulario G-325R con información personal y la asistencia a una cita presencial para la toma de huellas dactilares, fotografía y firma. Los menores de 14 años deberán ser registrados por sus padres o tutores legales.
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Fotografía de archivo del proceso de revisión de las autoridades estadounidenses a migrantes que buscan ingresar al país, a quienes se les revisará las redes sociales para detectar antisemitismo. EFE/César Contreras
Implicaciones y críticas al registro obligatorio
Esta medida ha generado controversia y preocupación entre diversas organizaciones y comunidades. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que el registro obligatorio podría facilitar esfuerzos para llevar a cabo deportaciones masivas, afectando a millones de personas que han establecido vidas y contribuyen a la economía del país. Además, señalan que el proceso de registro podría exponer a los inmigrantes a riesgos adicionales, como la posibilidad de ser identificados y deportados.
Por otro lado, la administración Trump defiende la medida como una necesidad para garantizar la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio. Aseguran que el registro permitirá tener un control más preciso sobre la población no autorizada en el país y facilitará la implementación de políticas migratorias más efectivas.
JIM LO SCALZO/EFE
Comparativa con medidas anteriores y contexto actual
Este registro obligatorio se suma a otras políticas implementadas por la administración Trump en su segundo mandato, que buscan restringir la migración y reforzar las fronteras. Entre estas medidas se encuentran la restauración de la política «Quédate en México», la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y la designación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas. Estas acciones reflejan un enfoque más agresivo hacia la inmigración ilegal y buscan disuadir la entrada no autorizada al país.
Respuesta de la comunidad y posibles desafíos legales
La comunidad inmigrante y diversas organizaciones están evaluando las opciones legales disponibles para impugnar el registro obligatorio. Aunque el juez McFadden ha fallado a favor de su implementación, es posible que se presenten apelaciones y nuevos desafíos que puedan retrasar o modificar la aplicación de la medida. Mientras tanto, se están organizando campañas de información y apoyo para ayudar a los inmigrantes a cumplir con el proceso de registro y entender sus derechos y responsabilidades.