El gobierno de EE.UU., liderado por el presidente Donald Trump, comenzó a deportar migrantes a Suazilandia, un pequeño reino en el sur de África, generando 13.4 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, la política, respaldada por un fallo de la Corte Suprema y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite expulsiones a terceros países sin vínculos con los migrantes. En consecuencia, cinco hombres, incluido un cubano, fueron enviados a Suazilandia el 15 de julio de 2025, según la subsecretaria Tricia McLaughlin. Sin embargo, activistas denuncian violaciones de derechos humanos, citando riesgos de tortura.
Suazilandia: Ubicación y contexto
Suazilandia, oficialmente eSwatini, es un país sin salida al mar entre Sudáfrica y Mozambique, con 1.2 millones de habitantes, según el Banco Mundial. Por su parte, su economía depende de la agricultura, y enfrenta un índice de criminalidad elevado, según el Departamento de Estado, que emitió alertas de viaje nivel 2 por desorden civil. En consecuencia, la elección de Suazilandia como destino de deportación ha sorprendido, ya que no tiene tratados migratorios significativos con EE.UU., según el Centro de Estudios Estratégicos de África. Además, el país carece de infraestructura para procesar deportados, según Amnistía Internacional.
Nueva política de deportaciones
Un memorando del DHS, firmado por el director interino de ICE, Tom Lyons, permite deportar a migrantes con solo seis horas de aviso, según NBC News. Por lo tanto, no se requiere garantizar que el tercer país evite torturas o detenciones, siempre que existan “garantías diplomáticas” creíbles, según el documento. En consecuencia, el 15 de julio, cinco hombres, incluido un cubano acusado de agresión agravada, fueron enviados a Suazilandia, tras deportaciones similares a Sudán del Sur, según McLaughlin en X. Sin embargo, el 70% de los deportados en 2025 no tiene antecedentes penales, según Transactional Records Access Clearinghouse.
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Críticas y preocupaciones legales
La ACLU calificó la política como “inhumana” y violatoria del derecho internacional, según un comunicado del 14 de julio. Por su parte, el memorando establece que los migrantes deben recibir un documento en su idioma indicando el país de destino, con al menos 24 horas antes de la deportación si no hay garantías contra tortura. En consecuencia, los migrantes pueden solicitar revisiones de protección, pero ICE no está obligado a preguntar si temen por su seguridad, según el Immigrant Legal Resource Center. Además, México y Canadá han rechazado recibir a estos deportados, según Reuters.
Respuesta del gobierno de Trump
McLaughlin defendió las deportaciones, afirmando en X que los expulsados son “individuos bárbaros” rechazados por sus países de origen. Por lo tanto, Trump justificó la medida como parte de su plan para deportar a “lo peor de lo peor”, según Fox News. En consecuencia, ICE ha detenido a 75,341 migrantes desde enero, con un presupuesto de 45,000 millones para expandir centros de detención, según el Congressional Budget Office. Sin embargo, el senador Chuck Schumer criticó la falta de debido proceso, exigiendo en un comunicado del 13 de julio que se restablezcan audiencias de fianza.
Impacto en comunidades migrantes
Las deportaciones a terceros países han generado pánico en comunidades inmigrantes, con un aumento del 30% en consultas legales en Los Ángeles, según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que evalúa demandas contra EE.UU. por violar tratados internacionales, según El Universal. En consecuencia, organizaciones como Human Rights Watch han documentado que Suazilandia carece de políticas para proteger a deportados, aumentando riesgos de abusos. Además, el 65% de los estadounidenses desaprueba las deportaciones masivas, según una encuesta de Pew Research.