El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha publicado un nuevo informe que pone en el centro del debate al Programa de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ). Según el documento, cientos de jóvenes migrantes que solicitaron beneficios bajo este programa habrían estado involucrados en actividades de pandillas o habrían cometido fraude de identidad.
El informe, titulado “Criminalidad, pandillas y preocupaciones sobre la integridad del programa en las solicitudes de Inmigrante Juvenil Especial”, abarca más de 300,000 solicitudes registradas entre el año fiscal 2013 y febrero de 2025. El análisis revela que 853 miembros conocidos o presuntamente vinculados a pandillas criminales presentaron peticiones SIJ, incluyendo más de 600 supuestos integrantes de la peligrosa pandilla MS-13. De ellos, más de 500 solicitudes habrían sido aprobadas.
USCIS alerta sobre fraude e infiltración de pandillas en el programa SIJ
El programa SIJ, creado por el Congreso en 1990, busca proteger a menores no acompañados que han sido abusados, abandonados o descuidados por uno o ambos padres. El estatus SIJ permite a estos jóvenes solicitar la residencia permanente legal en EE.UU.
Te Recomendamos
Sin embargo, según USCIS, muchos de los solicitantes más recientes presentaron las peticiones después de cumplir 18 años y, en varios casos, con información falsa sobre su edad, nacionalidad o identidad. Además de la MS-13, el reporte también identifica solicitudes aprobadas de miembros de otras pandillas como Barrio 18, Sureños, Norteños e incluso tres personas vinculadas al grupo Tren de Aragua.
Morgan Bailey, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a Newsweek que “la escala de criminalidad, participación en pandillas y fraude documentada en este informe es más extensa que lo previamente discutido públicamente sobre el programa SIJ”.
USCIS retira protección temporal a jóvenes migrantes aprobados
Uno de los puntos más controversiales señalados en el informe es la decisión de USCIS, anunciada el 6 de junio, de rescindir la política vigente desde 2022 que otorgaba protección temporal contra la deportación a los solicitantes SIJ aprobados mientras esperaban una visa disponible.
Esta decisión forma parte de una serie de medidas impulsadas por la administración Trump, que ha ordenado reforzar la detección de fraudes y ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportaciones masivas en la historia del país. Entre las prioridades figura eliminar protecciones temporales como el parole humanitario, el estatus de acción diferida y el Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque DACA sigue siendo la excepción por ahora.
Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Políticas Migratorias, indicó que este informe puede estar alineado con la estrategia del plan “Proyecto 2025”, promovido por sectores conservadores que buscan endurecer las políticas migratorias.
Expertos cuestionan debilidades en la verificación y coordinación entre agencias
Bailey también resaltó que existen fallas estructurales en la coordinación entre agencias federales, estatales y locales que gestionan las solicitudes SIJ. Estas deficiencias, dijo, permiten que personas con historial criminal o afiliaciones a pandillas exploten vacíos legales para permanecer en Estados Unidos.
Fotografía de archivo del 31 de enero de 2025 de migrantes deportados de Estados Unidos a su llegada a la base aérea Armando Escalon, en San Pedro Sula (Honduras). EFE/ Jose Valle
«Estas excepciones son bien intencionadas, pero las barreras legales relativamente bajas para acceder al SIJ también han introducido vulnerabilidades», señaló Bailey. «Quienes normalmente no calificarían para un estatus legal pueden ver este programa como una de las pocas opciones para quedarse y regularizar su situación migratoria».
El informe, según la analista Bush-Joseph, es distinto de otros documentos anteriores por su enfoque en riesgos criminales y de seguridad nacional, así como por su análisis estadístico más detallado.
USCIS anuncia próximas acciones para reforzar controles
Ante las revelaciones, USCIS ha informado que está evaluando nuevas formas para mitigar las vulnerabilidades en el programa SIJ. Esto incluiría reforzar su unidad de detección de fraudes y posiblemente endurecer los criterios de elegibilidad.
El portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser, acusó en un comunicado a los “lobbies de fronteras abiertas” y a los jueces activistas de explotar vacíos legales bajo el pretexto de proteger a niños en situación vulnerable. “Existen migrantes criminales que están infiltrándose en el país a través de un programa destinado a menores víctimas de abuso o negligencia”, afirmó.
El SIJ requiere que un tribunal juvenil estatal declare que el menor depende del sistema, que no puede reunirse con al menos uno de sus padres por razones de abuso o negligencia, y que no es conveniente para el joven regresar a su país de origen.
Una vez aprobada la solicitud y asignado un número de visa, el joven puede solicitar la residencia permanente legal, un paso crucial para construir un futuro más seguro y estable en EE.UU. No obstante, sin protecciones adicionales como el “deferred action”, siguen siendo vulnerables a la deportación mientras esperan por su ajuste de estatus.