García Luna y su esposa, condenados a pagar 2,400 mdd en EE.UU. ¿De qué se les acusa?
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron condenados a pagar una suma conjunta superior a los 2,400 millones de dólares en una corte civil de Miami, Florida. La jueza Lisa Walsh dictó esta sentencia en un caso que no requirió juicio, relacionado con un esquema de contrataciones ilegales y lavado de dinero durante la gestión de García Luna en el Gobierno mexicano.
La periodista Peniley Ramírez detalló que la multa impuesta a García Luna asciende a 748 millones de dólares, mientras que a su esposa le corresponden 1,740 millones de dólares. Estos montos reflejan los recursos públicos desviados y presuntamente lavados en Estados Unidos a través de diversas operaciones financieras.
Acusaciones de corrupción y lavado de dinero
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El caso civil, presentado por el Gobierno de México como demandante, acusa a García Luna y a Pereyra de formar parte de un entramado de corrupción que implicó la obtención ilegal de 30 contratos con órganos de seguridad pública en México. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estos contratos permitieron extraer recursos públicos por un total de casi 746 millones de dólares, fondos que posteriormente fueron transferidos a Estados Unidos para ocultar su origen.
Para encubrir estas operaciones, se utilizaron paraísos fiscales y se adquirieron propiedades tanto muebles como inmuebles en el estado de Florida. La UIF ha sido fundamental en la identificación y seguimiento de esta red, que fue incluida en la Lista de Personas Bloqueadas desde diciembre de 2019.
Red de complicidad y otras personas involucradas
Además de García Luna y Pereyra, la demanda civil menciona a otras siete personas físicas presuntamente implicadas en este esquema ilícito. Entre ellas destacan Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg, entre otros, quienes estarían relacionados con la red de corrupción y lavado de dinero.
El objetivo de la demanda es recuperar los activos obtenidos con el dinero público desviado, que permanece en Estados Unidos bajo distintas formas y a través de múltiples operaciones financieras.
Diferencias con el caso penal por narcotráfico
Este proceso civil se distingue del caso penal que García Luna enfrentó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue juzgado y sentenciado por cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. En ese juicio, se comprobó que el exfuncionario recibió sobornos del Cártel de Sinaloa mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
En octubre del año pasado, García Luna fue sentenciado a más de 38 años de prisión por delitos que incluyen participar en una empresa criminal continua, conspiración para distribuir e importar cocaína, y por hacer declaraciones falsas durante el proceso judicial.
Actualmente, Genaro García Luna cumple su condena en la prisión federal USP Lee, ubicada en Virginia, y su fecha estimada de liberación está programada para el año 2052.
Impacto y consecuencias del caso
La condena millonaria en Estados Unidos representa un paso importante para la recuperación de recursos públicos desviados en México. Este caso evidencia la profunda corrupción que pudo infiltrarse en la administración pública y que tuvo consecuencias directas en la seguridad y bienestar del país.
El dinero recuperado tras esta sentencia será devuelto al Gobierno mexicano, que es el demandante principal en el proceso civil. Las autoridades mexicanas continúan trabajando para fortalecer los mecanismos de control y evitar que este tipo de actos ilícitos se repitan.
Papel de la Unidad de Inteligencia Financiera
La UIF, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue clave para desmantelar la red de corrupción vinculada a García Luna. A través de análisis financieros y rastreo de operaciones internacionales, identificaron las rutas de lavado de dinero y la estructura de la red empresarial que facilitó estos delitos.
El caso demuestra la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de información entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado y la corrupción a nivel transnacional.