A dos años del incendio en Ciudad Juárez: impunidad y olvido
Ana Evangelista recuerda que la tarde del 27 de marzo de 2023 fue la última vez que habló con su hijo Roberto. «Me dijo que lo había detenido Migración y lo iban a regresar a El Salvador». Horas después, Roberto Antonio Henríquez Evangelista murió atrapado en un incendio en una celda cerrada bajo llave en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
El incendio, que cobró la vida de 40 migrantes y dejó a 27 heridos de por vida, evidenció fallas graves en el Instituto Nacional de Migración (INM). A dos años de la tragedia, el caso sigue sin justicia.
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Las víctimas y la impunidad
Los migrantes murieron asfixiados por el humo sin que los oficiales del INM les abrieran la celda. Solo tres de los ocho funcionarios imputados enfrentan el proceso en prisión, mientras que otros tres salieron bajo fianza y uno más está prófugo. Además, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, logró en enero de 2024 que se le congelara el procedimiento judicial en su contra por 18 meses, a cambio de seis acciones, entre ellas una disculpa pública que aún no ha ocurrido.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen clamando por justicia. «Se siente uno impotente de saber que nadie está pagando por esta atrocidad», dice Ana Evangelista desde California, donde esperaba reencontrarse con su hijo.
El incendio: una tragedia anunciada
La tragedia comenzó cuando los migrantes, detenidos y encerrados, exigían agua y mejores condiciones. Según una investigación colaborativa de La Verdad Juárez, Lighthouse Reports y El Paso Matters, las llamas iniciaron a las 21:28 horas. En los videos de seguridad se observa cómo los guardias y oficiales de Migración abandonaron la zona sin intentar abrir la celda.
Seis horas antes del incendio, Ana había hablado con Roberto, quien le contó que había sido detenido el viernes 24 de marzo tras varios intentos fallidos de cruzar a Estados Unidos. «Yo tenía la esperanza de volver a ver a mi hijo», dice con la voz entrecortada.
Supervivientes con secuelas y sin apoyo
Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez, originario de Guatemala, es uno de los 27 sobrevivientes. Se refugió en el baño y perdió el conocimiento por el humo. Despertó 20 días después con graves quemaduras internas y externas. A pesar de su recuperación, aún sufre ansiedad y problemas respiratorios.
Desde octubre de 2023, Rubbelsy vive en Tennessee con su familia, mientras espera una resolución migratoria en Estados Unidos. «Pienso en lo afortunado que fui en sobrevivir, prácticamente fue un milagro», dice.
Justicia detenida y política migratoria fallida
El abogado Marcos Edgar Zavala Cruz, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señala que el caso exhibe la incapacidad del sistema judicial mexicano para procesar graves violaciones a los derechos humanos. «No se ha juzgado a nadie aún», denuncia.
De los ocho funcionarios del INM acusados, tres lograron seguir su proceso en libertad con el pago de una fianza. Antonio Molina Díaz, otro imputado, está prófugo desde mayo de 2023. Mientras tanto, las víctimas siguen sin ser reconocidas por las autoridades mexicanas.
A partir de abril de 2025, seis de los acusados podrían obtener la libertad condicional debido al vencimiento de su prisión preventiva. La organización que representa a los afectados ha promovido juicios de amparo para evitar que los responsables evadan la justicia.
¿Habrá justicia para los migrantes?
A pesar de las pruebas y la indignación internacional, el comisionado Francisco Garduño Yáñez sigue en su cargo bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. «Es una burla», dice Rubbelsy sobre la falta de consecuencias.
Ana Evangelista también comparte su frustración. «Si logran evadir la justicia de los hombres, algún día Dios se va a encargar de todos ellos», concluye.
