Durante los primeros seis meses de 2025, al menos 2.273 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en Argentina presentaron su renuncia, en medio de una creciente crisis salarial en Argentina. Según datos del diario La Nación, las bajas afectan a todas las ramas militares y cuerpos de seguridad, con una tendencia al alza frente a años anteriores.
Los registros muestran 257 renuncias en el Ejército, 234 en la Armada, 193 en la Fuerza Aérea, 386 en Gendarmería, 322 en Prefectura Naval, 412 en la Policía Federal, 177 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 292 en el Servicio Penitenciario Federal. Estas cifras reflejan el descontento generalizado que atraviesan los uniformados por sus bajos ingresos y la falta de condiciones adecuadas para ejercer sus funciones.
Salarios por debajo de la línea de pobreza
Uno de los factores clave detrás de la crisis salarial en Argentina es el hecho de que muchos sueldos en las fuerzas armadas y de seguridad están por debajo del umbral de pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la línea de pobreza en junio alcanzó los 1.128.398 pesos argentinos (equivalente a unos 871 dólares) para una familia de cuatro personas. Sin embargo, los ingresos en los rangos más bajos están muy por debajo de esa cifra.
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Por ejemplo, un cabo o agente percibe sueldos cercanos a los 800.000 pesos (unos 618 dólares), mientras que un capitán o teniente de navío apenas supera el millón de pesos (alrededor de 772 dólares), sumas que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas en medio de una inflación acumulada superior al 250% interanual.
Fotografía de archivo de soldados del Ejército de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni
El deterioro del poder adquisitivo es evidente y ha tenido como consecuencia directa el éxodo masivo de personal, especialmente de aquellos en cargos operativos o con poca antigüedad.
La crisis de salud en las fuerzas armadas
A la precariedad económica se suma una profunda crisis en el sistema de salud de los miembros de las fuerzas. El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que presta servicios médicos a los uniformados, atraviesa serios problemas financieros y operativos. En muchas provincias argentinas no existen prestadores médicos disponibles o son insuficientes, obligando a los afiliados a esperar meses por una consulta o a costear los servicios de manera particular.
Pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos oncológicos son especialmente perjudicados, dado que deben adquirir medicamentos de alto costo sin el respaldo de su obra social. A esto se suma que el Estado nacional no ha cumplido con sus contribuciones al IOSFA, lo que ha generado una deuda acumulada de más de 160.000 millones de pesos (unos 124.000 dólares).
El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que se tomarían medidas para resolver esta situación, pero hasta la fecha no se han visto mejoras concretas. Mientras tanto, la calidad de vida del personal militar y policial sigue deteriorándose.
El Gobierno de Javier Milei ante la crisis salarial en Argentina
El presidente argentino Javier Milei ha sido crítico del gasto público y ha impulsado una política de ajuste fiscal agresiva, conocida popularmente como “la motosierra”. Aunque su discurso suele ser hostil hacia empleados públicos, Milei ha mostrado una actitud más favorable hacia las fuerzas armadas y de seguridad.
Durante el acto por el Día de la Bandera, el 20 de junio, el mandatario expresó que durante años la clase política “utilizó a las Fuerzas Armadas como chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa”. Además, exaltó el rol de los uniformados al considerar que “entregar la vida a la protección de sus compatriotas es el más noble de los destinos”.
No obstante, sus palabras no se han traducido hasta ahora en mejoras salariales ni en condiciones dignas para los efectivos, lo que alimenta aún más la crisis salarial en Argentina.
Las protestas por salarios se extienden en otros sectores públicos
La situación de los uniformados no es única. En los últimos meses, otros sectores del empleo público, como salud, educación y ciencia, han salido a las calles en protestas masivas. En todos los casos, el reclamo principal es el mismo: los salarios no alcanzan para vivir y el ajuste fiscal del Gobierno ha dejado a miles de trabajadores en condiciones precarias.
Organizaciones gremiales y sindicatos han denunciado el congelamiento salarial, la falta de inversión y el incumplimiento de convenios colectivos. A pesar de las manifestaciones, el Gobierno ha sostenido su política de recorte sin mayores concesiones, lo que ha tensado aún más la relación entre el Ejecutivo y los sectores estatales.
La continuidad de esta tendencia podría impactar negativamente en la estabilidad social del país, si las renuncias y los reclamos no son atendidos por las autoridades.