La justicia argentina investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por una transferencia de 14 mil millones de pesos argentinos (equivalentes a unos 12 millones de dólares) al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El dinero fue destinado a la compra de alimentos para comedores comunitarios, pero la operación generó sospechas sobre posibles irregularidades administrativas.
El origen del caso contra Sandra Pettovello
La causa judicial se inició el 7 de febrero de 2024 tras una denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien acusó a Sandra Pettovello de presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
De acuerdo con la denuncia, la millonaria transferencia habría superado los límites establecidos para compras sin la firma del jefe de Gabinete, quien en ese momento era Nicolás Posse. Además, se señala un presunto pago de comisiones al PNUD por 420 millones de pesos (unos 368 mil dólares), lo que elevó las sospechas sobre el uso de intermediarios internacionales para gestionar fondos públicos.
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Fotografía de archivo de integrantes de organizaciones sociales en una manifestación frente al Ministerio de Capital Humano en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Documentación exigida y foco judicial sobre Sandra Pettovello
El fiscal federal Franco Picard, encargado del caso, solicitó al PNUD un informe detallado que incluya su participación en el acuerdo, la trazabilidad de los fondos y toda la documentación asociada a la ejecución de la compra. También pidió a la Jefatura de Gabinete que entregue la resolución que avaló el convenio con el organismo internacional, así como los registros que justifiquen la transferencia de recursos.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 12, a cargo del juez Ariel Lijo, quien ya intervino en otras investigaciones sensibles para la administración actual.
Otro frente judicial para Sandra Pettovello: convenios con la OEI
De forma paralela, la cartera de Sandra Pettovello firmó un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la contratación de personal. El mecanismo, legalmente previsto para incorporar profesionales por tareas específicas, también es motivo de sospechas.
Tres organismos investigan si el convenio fue utilizado para generar contrataciones ficticias o desviar fondos: la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la justicia federal. En el foco están los contratos realizados bajo esta modalidad y si hubo algún tipo de vínculo político o partidario detrás de los beneficiarios.
Foto: x.com/SPettovelloOK.
Crisis alimentaria y alimentos retenidos
En febrero, justo cuando se cerraban los convenios con el PNUD y la OEI, estalló un conflicto con organizaciones sociales por la interrupción en el suministro de alimentos a comedores comunitarios. La situación derivó en nuevas denuncias contra Sandra Pettovello, esta vez impulsadas por referentes sociales como Juan Grabois, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
La controversia creció cuando el Ministerio de Capital Humano reconoció que almacenaba más de cinco millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos estatales. La justicia federal ordenó la distribución inmediata de la mercadería en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el Ministerio apeló el fallo e intentó llevar el caso a la Corte Suprema, sin éxito.
El impacto político de las acciones de Sandra Pettovello
La ministra del presidente Javier Milei enfrenta crecientes críticas tanto desde la oposición como dentro del propio oficialismo. Las decisiones tomadas en relación con el uso de fondos públicos y el manejo de la ayuda alimentaria han generado un fuerte desgaste en su imagen pública y han intensificado la presión mediática sobre su gestión.
A pesar de las múltiples causas abiertas, Sandra Pettovello continúa en funciones. Su permanencia en el gabinete, sin embargo, podría verse comprometida si avanza alguna de las causas judiciales con pruebas contundentes.