La visita de la fiscal general Pam Bondi y el secretario de Interior Doug Burgum a la prisión de Alcatraz el 17 de julio de 2025 ha reavivado el debate sobre su reapertura, generando 14.8 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, la orden del presidente Donald Trump de convertir la icónica cárcel en un centro para “criminales e inmigrantes ilegales” ha desatado controversias. En consecuencia, expertos y activistas cuestionan los costos y el impacto humanitario. Sin embargo, la administración insiste en que la medida fortalecerá la seguridad nacional.
Visita de alto perfil a la isla
Bondi y Burgum llegaron a Alcatraz, en la bahía de San Francisco, para supervisar los planes de renovación, según un comunicado del Departamento de Interior. Por su parte, Burgum destacó en su cuenta de X que el objetivo es transformar la prisión, cerrada en 1963, en un centro de máxima seguridad para “los criminales más peligrosos”. En consecuencia, la visita, acompañada de fotos publicadas por ambos funcionarios, marcó el inicio oficial de los trabajos de planificación. Además, Bondi afirmó que la medida “hará a EE.UU. más seguro”, según Telemundo.
Orden ejecutiva de Trump
El 15 de mayo de 2025, Trump anunció en Truth Social la reapertura de Alcatraz, ordenando a la Oficina de Prisiones (BOP), el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) coordinar el proyecto, según Reuters. Por lo tanto, la administración busca usar la prisión, famosa por reclusos como Al Capone, para detener a migrantes irregulares y convictos de delitos graves. En consecuencia, constructoras como Bechtel han mostrado interés en el proyecto, que tiene un costo estimado de $400 millones, según The San Francisco Chronicle. Además, la iniciativa sigue el modelo del centro Alligator Alcatraz en Florida, abierto en abril.
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Contexto de la política migratoria
La reapertura se enmarca en las políticas migratorias de Trump, que incluyen operativos del ICE que detuvieron a 56,312 personas en 2025, según el DHS. Por su parte, el presidente ha calificado la migración irregular como una “invasión”, justificando medidas como la declaración de zonas fronterizas como Áreas de Defensa Nacional, según CNN. En consecuencia, Alcatraz se perfila como un símbolo de su estrategia de “tolerancia cero”, con planes para albergar hasta 500 reclusos, según la BOP. Sin embargo, el 68% de los estadounidenses desaprueba el uso de prisiones históricas para migrantes, según una encuesta de Pew Research.
Críticas por costos y derechos humanos
Alcatraz, que operaba a un costo de $10 por recluso al día en 1963 frente a $3 en otras prisiones, según el National Park Service, enfrenta cuestionamientos por su viabilidad económica. Por lo tanto, expertos como el profesor de criminología John Pfaff estiman que los costos operativos podrían superar los $500 por recluso diario en 2025, según NBC News. En consecuencia, organizaciones como la ACLU han denunciado que la reapertura viola tratados internacionales, citando riesgos de hacinamiento y tratos inhumanos. Además, el senador demócrata Alex Padilla calificó el plan como “un desperdicio de recursos para fines políticos”, según The Hill.
Impacto en el turismo y la comunidad
Alcatraz, que recibe 1.4 millones de visitantes anuales como museo, podría perder su estatus cultural, según la Fundación Histórica de San Francisco. Por su parte, los ingresos turísticos, que generan $150 millones al año, están en riesgo, según el San Francisco Travel Association. En consecuencia, residentes de la bahía, donde el 62% apoya mantener Alcatraz como museo según una encuesta de KPIX, han organizado protestas. Además, el supervisor de San Francisco Aaron Peskin exigió una evaluación ambiental, citando el impacto en la fauna marina, como las focas que habitan la isla, según ABC7.
Próximos pasos y controversias
El DHS planea completar la fase inicial de renovaciones en abril de 2026, con un presupuesto de $120 millones para reforzar celdas y sistemas de seguridad, según Fox News. Por lo tanto, el proyecto incluye instalar tecnología de vigilancia avanzada, según un portavoz de la BOP. En consecuencia, la administración busca acelerar las deportaciones, con 1,200 migrantes enviados a terceros países en 2025, según CBS News. Sin embargo, expertos como Sarah Pierce del Migration Policy Institute advierten que el uso de Alcatraz podría generar demandas legales por violaciones al debido proceso, según The Washington Post.