La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente la orden que exigía la repatriación de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado por error a El Salvador. Esta decisión se dio luego de una apelación del gobierno de Donald Trump, que argumentó que la jueza federal que dictó la orden había excedido su autoridad judicial.
Contexto del caso
Kilmar Abrego García, de 29 años, residía en Maryland y tenía estatus legal protegido por una orden judicial desde 2019, que lo protegía de la deportación. Había llegado a Estados Unidos en 2011 huyendo de amenazas de la pandilla MS-13 en El Salvador, y su situación migratoria le permitía vivir y trabajar en el país de manera legal. Abrego García estaba casado con una ciudadana estadounidense y tenía tres hijos, también ciudadanos de Estados Unidos.
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Sin embargo, el 15 de marzo de 2025, Abrego García fue deportado a El Salvador por lo que el gobierno de Estados Unidos describió como un «error administrativo». Después de su deportación, fue detenido en el Centro de Confinamiento de Terroristas en El Salvador, una prisión conocida por sus condiciones extremas, lo que generó una serie de protestas y preocupaciones por parte de grupos de derechos humanos y organismos internacionales.
El papel de la jueza Paula Xinis
El caso de Abrego García se volvió aún más complejo cuando la jueza federal Paula Xinis emitió una orden exigiendo que el gobierno de Estados Unidos repatriara a Abrego García antes de la medianoche del lunes 7 de abril. La jueza consideró que la deportación de Abrego García había sido ilegal y que debía ser regresado al país de inmediato. Esta orden fue vista como un claro desafío a las políticas de inmigración del gobierno de Trump, especialmente en lo que respecta a las deportaciones.
La apelación del gobierno de Trump
El gobierno federal, bajo la administración Trump, apeló rápidamente la decisión de la jueza Xinis, argumentando que la corte no tenía autoridad para ordenar la repatriación de un ciudadano deportado a un país extranjero. El Departamento de Justicia afirmó que la orden de la jueza era «totalmente ilegal» y que violaba la soberanía de El Salvador, un país sobre el cual Estados Unidos no tiene jurisdicción directa en términos de decisiones judiciales.
La apelación se basó en la argumentación de que las negociaciones diplomáticas entre naciones, especialmente en casos de deportaciones, no deben estar sujetas a plazos judicialmente impuestos. Además, el gobierno insistió en que las condiciones para ejecutar el retorno de Abrego García eran complicadas, dado que involucraban asuntos de seguridad nacional y relaciones exteriores.
La Corte Suprema interviene
La Corte Suprema de Estados Unidos, encabezada por el presidente John Roberts, suspendió temporalmente la orden de repatriación, dando tiempo adicional al gobierno para presentar sus argumentos ante la corte. Este fallo suspende el plazo impuesto para que Abrego García regresara a Estados Unidos antes de la medianoche del lunes, otorgando al gobierno tiempo para negociar con El Salvador sobre la repatriación del migrante.
Foto: CASA
Reacciones y controversias
La situación ha generado una fuerte controversia en todo el país. Defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición han criticado la deportación de Abrego García y el trato que recibió en El Salvador. Grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU) han calificado de «ilegal» y «inhumana» la deportación y detención de Abrego García, y han exigido su regreso inmediato.
Por otro lado, funcionarios del gobierno, incluyendo la fiscal general Pam Bondi, han defendido la deportación, argumentando que Abrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13 y que su expulsión fue necesaria para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, ha refutado estas acusaciones, asegurando que Abrego García no tiene antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
