La posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta datos confidenciales de contribuyentes con fines de deportación ha desatado una ola de preocupación entre expertos en inmigración y defensores de derechos civiles. Según reportes recientes, el gobierno de Donald Trump está cerca de cerrar un acuerdo con el IRS para proporcionar direcciones y otra información fiscal a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de localizar a indocumentados con órdenes de deportación.
Esta medida, que podría afectar a millones de inmigrantes que pagan impuestos usando números ITIN, ha puesto en alerta a comunidades vulnerables y ha llevado a especialistas a sugerir alternativas para proteger sus datos y derechos en un clima de incertidumbre migratoria.
Te Recomendamos
El IRS, que históricamente ha promovido que los inmigrantes indocumentados presenten declaraciones fiscales para contribuir al sistema, ahora enfrenta críticas por lo que muchos llaman una “traición” a esa confianza. Más de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos pagan impuestos, aportando cerca de $100 mil millones anuales, incluyendo $25.7 mil millones a la Seguridad Social, según el Institute on Taxation and Economic Policy.
Sin embargo, la administración Trump ve en estos registros una herramienta clave para cumplir su promesa de deportaciones masivas, una prioridad desde su toma de posesión el 20 de enero. La negociación con el IRS comenzó tras una solicitud inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que fue rechazada, pero la presión de la Casa Blanca parece haber cambiado la postura de la agencia tributaria.
IRS y la privacidad en riesgo
La polémica estalló cuando The Washington Post reveló el sábado que el IRS está finalizando un acuerdo que permitiría a ICE cruzar nombres y direcciones de sospechosos de estar ilegalmente en el país con sus bases de datos fiscales.
Esto representa un cambio radical respecto a la postura previa del IRS, que en 2017 se negó a compartir información con fines migratorios, argumentando que violaría las leyes de privacidad. Organizaciones como el American Immigration Council han advertido que usar datos fiscales para deportaciones podría tener consecuencias devastadoras, no solo para los inmigrantes, sino también para la economía, ya que muchos podrían dejar de pagar impuestos por miedo a ser rastreados. “Es un precedente peligroso que mina la confianza en el sistema tributario”, señaló Amy Torres, de la Alianza de Justicia para Inmigrantes.
En respuesta, expertos han planteado varias alternativas para proteger a los inmigrantes. Una propuesta clave es el fortalecimiento de leyes estatales de santuario, como las de California y Nueva Jersey, donde autoridades locales se niegan a cooperar con ICE. Otra opción es que los inmigrantes eviten actualizar sus datos fiscales este año, aunque esto podría exponerlos a sanciones legales más adelante.
Además, especialistas sugieren usar direcciones alternativas, como las de iglesias o asociaciones comunitarias que ofrezcan refugio administrativo, para presentar declaraciones sin revelar ubicaciones personales. Finalmente, algunos abogados recomiendan buscar asesoría legal inmediata para explorar opciones como el ajuste de estatus o apelaciones de órdenes de deportación antiguas, lo que podría complicar los esfuerzos de ICE.
IRS y deportaciones: reacciones y resistencia
La noticia ha provocado reacciones inmediatas. En Chicago, dos organizaciones proinmigrantes demandaron al Departamento del Tesoro y al IRS a principios de mes, exigiendo que un juez bloquee cualquier intercambio de datos con ICE.
Mientras tanto, en el Congreso, legisladores demócratas como Jimmy Gomez (D-Cal.) han prometido investigar si este uso del IRS es legal, calificándolo de “abuso de poder” que podría violar las normas de confidencialidad fiscal. Por su parte, el gobierno Trump defiende la medida como un paso necesario para “hacer cumplir la ley”, con Tom Homan, asesor clave en inmigración, insistiendo en que los indocumentados “no tienen derecho a estar aquí”.
Las comunidades inmigrantes, especialmente en ciudades con alta población latina como Los Ángeles y Nueva York, están en alerta. En redes sociales, usuarios han expresado temor y frustración, con mensajes como: “Pagué impuestos por años y ahora me cazan con eso”. Algunos líderes comunitarios han comenzado a organizar talleres para informar sobre cómo protegerse ante posibles redadas de ICE, mientras que otros sugieren que los inmigrantes consideren “autodeportarse” para evitar detenciones traumáticas, una idea promovida por el DHS en su nueva campaña publicitaria.
El próximo paso dependerá de cómo se concrete el acuerdo entre el IRS y el DHS, que aún está en negociación según fuentes oficiales. Mientras tanto, la tensión crece entre las promesas de Trump de deportar a millones y la resistencia de estados y activistas que buscan blindar a los inmigrantes. Con las deportaciones ya en marcha –37,660 en el primer mes de Trump, según Reuters–, el papel del IRS en este plan sigue siendo un punto caliente que podría redefinir la relación entre los indocumentados y el gobierno federal en los meses por venir.
