En mayo de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha generado controversia al considerar la suspensión del derecho constitucional al habeas corpus para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Esta medida, impulsada por el asesor principal de políticas Stephen Miller, ha suscitado preocupaciones sobre su legalidad y las implicaciones para los derechos civiles en Estados Unidos.
¿Qué es el habeas corpus?
El habeas corpus es una garantía legal fundamental que permite a las personas detenidas impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. Consagrado en la Constitución de EE.UU., este derecho protege contra detenciones arbitrarias y asegura que cualquier privación de libertad sea revisada por una autoridad judicial independiente.
La Constitución establece que el habeas corpus solo puede ser suspendido «en casos de rebelión o invasión» cuando la seguridad pública lo requiera. Históricamente, esta suspensión ha ocurrido en contadas ocasiones, como durante la Guerra Civil bajo Abraham Lincoln y tras el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial.
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¿Por qué Trump quiere suspenderlo?
La administración Trump argumenta que la actual crisis migratoria en la frontera sur constituye una «invasión», lo que justificaría la suspensión del habeas corpus. Stephen Miller ha señalado que los tribunales han obstaculizado las políticas migratorias del gobierno, y que suspender este derecho permitiría deportaciones más rápidas sin intervención judicial.
Además, el gobierno ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de ciertos grupos, como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, argumentando que representan una amenaza para la seguridad nacional.
¿Es legal esta suspensión?
Expertos legales cuestionan la legalidad de suspender el habeas corpus en este contexto. La Constitución indica que solo el Congreso tiene la autoridad para suspender este derecho, y solo en circunstancias extremas como rebelión o invasión. Muchos argumentan que la situación en la frontera no cumple con estos criterios.
Además, los tribunales han intervenido en casos recientes para proteger el derecho al habeas corpus. Por ejemplo, en el caso de Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino detenido por ICE, un juez federal ordenó su liberación, argumentando que su detención violaba sus derechos constitucionales.
Reacciones y consecuencias
La propuesta de suspender el habeas corpus ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos civiles, legisladores y expertos legales. Argumentan que esta medida socava principios fundamentales del estado de derecho y podría sentar un precedente peligroso.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han presentado demandas para proteger los derechos de los inmigrantes detenidos y evitar deportaciones sin el debido proceso.
La consideración de suspender el habeas corpus por parte de la administración Trump representa un desafío significativo a las protecciones constitucionales en Estados Unidos. Mientras el gobierno busca justificar esta medida como una respuesta a una supuesta «invasión» en la frontera, expertos y defensores de los derechos civiles advierten sobre las peligrosas implicaciones de socavar un derecho fundamental que ha sido pilar del sistema legal estadounidense durante siglos.
El debate continúa, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían tener repercusiones duraderas en la interpretación de los derechos constitucionales y el equilibrio de poderes en el país.
¿Cómo los migrantes podrían defenderse de aprobarse esta suspensión de habeas corpus?
En caso de que se suspenda el habeas corpus, las opciones legales para los migrantes se verían drásticamente limitadas, ya que no podrían acudir a tribunales para cuestionar su detención o deportación. Sin embargo, aún podrían existir ciertos mecanismos de defensa. Primero, las organizaciones de derechos civiles como la ACLU, Human Rights First o el National Immigration Law Center podrían interponer demandas colectivas o presentar recursos ante cortes federales en defensa de comunidades afectadas. Segundo, se podría apelar a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o recurrir a la presión diplomática si los migrantes provienen de países con tratados de protección mutua firmados con Estados Unidos.
Tercero, incluso con la suspensión del habeas corpus, otros derechos constitucionales seguirían vigentes, como el derecho a la libertad de expresión, asociación y debido proceso en ciertos contextos. Los abogados podrían argumentar que una suspensión masiva viola la Enmienda Quinta de la Constitución, que garantiza el debido proceso legal. Finalmente, la opinión pública y la movilización ciudadana tendrían un papel clave. Históricamente, medidas extremas contra grupos migrantes han sido revertidas por presión social y legislativa. Protestas masivas, pronunciamientos de universidades, gremios y gobiernos estatales podrían ejercer influencia sobre las decisiones del Congreso o del Poder Judicial.
