El Gobierno del presidente Donald Trump ha delineado con mayor claridad cómo aplicaría su decreto para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, desatando preocupación entre grupos defensores de inmigrantes y generando dudas sobre el futuro del pasaporte y el número de Seguro Social de los recién nacidos.
Los documentos, emitidos por al menos seis agencias federales, fueron redactados tras una polémica decisión de la Corte Suprema que abrió la puerta a la planificación administrativa del decreto, aunque su aplicación sigue bloqueada judicialmente.
Cambios en los requisitos para solicitar un pasaporte
Uno de los documentos más reveladores proviene del Departamento de Estado. Según la nueva guía, los padres que soliciten un pasaporte para sus hijos deberán presentar pruebas originales de su estatus migratorio o ciudadanía. Esta medida se aplicaría incluso a quienes hayan nacido en Estados Unidos.
Te Recomendamos
“Esta información será necesaria para determinar si quienes solicitan un pasaporte son ciudadanos estadounidenses”, señala el documento de tres páginas. Esto representa un giro radical frente a la norma actual, en la que un certificado de nacimiento emitido en EE.UU. basta para validar la ciudadanía.
Imagen de referencia del presidente Donald Trump y el pasaporte de los Estados Unidos. Foto: EFE
En otras palabras, un niño nacido en territorio estadounidense, pero cuyos padres no puedan comprobar un estatus migratorio aceptado bajo la nueva norma, podría quedar excluido del derecho al pasaporte estadounidense.
El número de Seguro Social también se vería afectado
La ciudadanía por nacimiento no solo determinaría el acceso al pasaporte, sino también al número de Seguro Social. La Administración del Seguro Social (SSA) emitió un documento en el que indica que un certificado de nacimiento ya no sería suficiente como prueba de ciudadanía para los nacidos después de que entre en vigor el decreto de Trump.
La SSA exigirá evidencia de que uno de los padres es ciudadano estadounidense o posee un estatus migratorio elegible en el momento del nacimiento. De no ser así, se implementará un proceso adicional en el que los padres tendrán que presentar documentación extra para completar la solicitud del número de Seguro Social de sus hijos.
Tradicionalmente, este trámite se hacía directamente desde el hospital, como parte del proceso de registro de nacimiento. Sin embargo, con los nuevos requisitos, esta etapa se vería obstaculizada, haciendo más lento y complicado el proceso para miles de familias.
El impacto en servicios de salud y beneficios sociales
La implementación del decreto también tendría repercusiones en servicios básicos. Otros documentos de orientación emitidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Centros de Medicare y Medicaid, y el Departamento de Agricultura detallan cómo sus respectivas agencias verificarían la ciudadanía de los menores para acceder a programas sociales.
La SSA exigirá evidencia de que uno de los padres es ciudadano estadounidense o posee un estatus migratorio elegible. Foto: X/@DarioHawk80
La intención, según un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), es asegurarse de que los beneficios del gobierno federal solo se otorguen a ciudadanos estadounidenses válidamente reconocidos bajo los nuevos estándares.
Este memorando establece excepciones, como en el caso de hijos de personas asiladas o refugiadas, pero no aclara cómo se manejarán otros casos que actualmente están protegidos por la Enmienda 14 de la Constitución.
Reacciones legales y sociales al decreto de Trump
El decreto presidencial, titulado “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, fue firmado por Trump el 20 de enero. Según el texto, ningún niño nacido en territorio estadounidense de padres sin estatus migratorio legal permanente recibiría reconocimiento automático de ciudadanía.
Este intento de modificar la ciudadanía por nacimiento ha sido calificado de inconstitucional por diversos actores legales y sociales. Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que “nada en esta guía cambia el hecho de que este decreto es inconstitucional y cruel”.
La demanda de la ACLU logró una orden judicial en Nueva Hampshire que impide temporalmente la entrada en vigor del decreto. Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, expresó a CNN que el gobierno estatal sigue confiando en que la medida nunca se aplicará debido a su incompatibilidad con el marco legal actual.
Este intento de modificar la ciudadanía por nacimiento ha sido calificado de inconstitucional por diversos actores legales y sociales. Foto: X/@EuniceRendon
Desde el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo, su codirectora ejecutiva, Conchita Cruz, reiteró que “los niños nacidos en EE.UU. continúan siendo ciudadanos estadounidenses sin importar el estatus migratorio de sus padres”.
Incertidumbre sobre cómo se implementaría en la práctica
Durante los alegatos orales ante la Corte Suprema, el juez Brett Kavanaugh interrogó al procurador general del gobierno sobre los efectos prácticos del decreto en hospitales y registros civiles. “¿Qué hacen los hospitales con un recién nacido?”, preguntó Kavanaugh.
El abogado respondió que la responsabilidad recaería en los funcionarios federales, quienes deberían determinar si los documentos de nacimiento son válidos bajo los nuevos criterios.
La falta de una guía clara generó escepticismo en el tribunal, incluso entre los jueces conservadores. Sin embargo, la Corte Suprema falló a favor de Trump en el tema de las órdenes judiciales nacionales, lo que permite que el gobierno federal continúe desarrollando planes de implementación, a pesar de las órdenes judiciales vigentes.
Por ahora, las políticas siguen en pausa, pero el panorama podría cambiar rápidamente si se levantan los bloqueos judiciales. Los grupos defensores de los inmigrantes advierten que el decreto, de aplicarse, afectaría directamente el acceso a documentación básica y derechos constitucionales para miles de niños.