El gobierno de Donald Trump lanzó una ambiciosa propuesta para eliminar o reescribir más de 60 regulaciones laborales que considera obsoletas. Estas reformas afectan normas sobre salario mínimo, exposición a sustancias tóxicas y condiciones de trabajo en sectores como la minería, la construcción y el cuidado en el hogar. Además, limitan la capacidad del Departamento de Trabajo para sancionar a empleadores tras accidentes o muertes laborales.
Las nuevas directrices podrían afectar especialmente a mujeres, minorías y trabajadores inmigrantes, ya que contemplan la eliminación de protecciones en sectores de alto riesgo. Se plantea recortar beneficios para empleados de salud domiciliaria, reducir garantías legales para trabajadores agrícolas y flexibilizar normas de seguridad en obras, minas y empleos considerados peligrosos como acrobacias o manejo de animales.
Impacto en trabajadores domésticos y agrícolas
Una de las medidas más controversiales es la posible reversión de las reglas de 2013 sobre el sector de cuidado en el hogar. Unos 3.7 millones de cuidadores podrían perder el derecho al salario mínimo o al pago de horas extra. En el ámbito agrícola, se busca eliminar el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de transporte de empleadores y derogar protecciones contra represalias para trabajadores del programa H‑2A.
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Fotografía de archivo de trabajadores de la construcción en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Esto generaría un entorno más precario para los trabajadores del campo, especialmente para las mujeres y personas de comunidades racializadas, quienes ya enfrentan condiciones laborales difíciles y riesgos de explotación.
Normas laborales en construcción, minería y profesiones peligrosas
La agencia OSHA podría perder facultades clave, como los requisitos de iluminación adecuada en obras o el uso de la cláusula de deber general para sancionar riesgos no regulados. En minería, se busca limitar la autoridad para exigir ventilación adecuada y planes de seguridad.
Estas reformas reducirían la capacidad del gobierno federal para intervenir ante condiciones peligrosas, aumentando el riesgo de accidentes, enfermedades laborales y fatiga crónica por exposición a entornos nocivos.
Reacciones y futuro de las reformas
Las reformas están sujetas a consulta pública, pero ya enfrentan una ola de críticas por parte de sindicatos y organizaciones laborales, quienes advierten que debilitar estas normas pone en riesgo la vida de millones de trabajadores.
Una cuidadora del hogar cumpliendo sus funciones. Foto: X/EFE
Además, los recortes presupuestarios y la eliminación de personal en el Departamento de Trabajo han reducido la capacidad de supervisión e inspección. Esta debilidad estructural amenaza con paralizar mecanismos de vigilancia como programas de alerta temprana frente a riesgos laborales.
Por ejemplo, las nuevas normas dejarían fuera del control de OSHA profesiones peligrosas como acrobacias, trabajo con animales o deportes extremos, lo cual impide al Estado actuar ante accidentes y prácticas inseguras.
¿Hacia dónde se dirigen las normas laborales?
Este paquete de reformas forma parte de una agenda de desregulación impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato en 2025. Incluye recortes en agencias como OSHA y MSHA, así como la revisión de regulaciones ambientales, civiles y migratorias.
El objetivo es reducir el tamaño del Estado y limitar la intervención gubernamental en el ámbito laboral, lo que podría revertir décadas de avances en seguridad y derechos de los trabajadores. Las reformas deberán pasar por etapas legales y podrían enfrentar demandas en tribunales federales, ya que muchas contradicen leyes existentes.
Esta iniciativa redefine el rol del Estado en la protección de condiciones laborales, abriendo el debate sobre si debe primar el crecimiento económico por encima del bienestar de los trabajadores, o si se debe mantener una estructura reguladora capaz de intervenir frente a abusos y riesgos en el entorno laboral.