El Senado estatal de Carolina del Norte aprobó el martes 29 de julio la revocación del veto impuesto por el gobernador a la polémica ley migratoria SB-153. Con 30 votos a favor y 19 en contra, la cámara alta dio el primer paso para que la medida avance hacia su implementación.
Ahora, la Cámara de Representantes deberá someterla también a votación para decidir si el veto queda oficialmente anulado. De prosperar, la ley entraría en vigor de forma inmediata y modificaría de forma sustancial el trato legal hacia los inmigrantes indocumentados que residen en Carolina del Norte.
La ley SB-153 ha despertado fuertes críticas entre defensores de derechos humanos, líderes comunitarios latinos y organizaciones civiles, quienes la consideran una amenaza directa contra la comunidad inmigrante.
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SB-153 y la cooperación obligatoria con ICE
Uno de los puntos más controvertidos de la ley SB-153 es el mandato de cooperación forzada entre las agencias estatales de seguridad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto implicaría que entidades como la Policía Estatal, el Departamento de Correccionales, la Patrulla de Caminos o la Oficina Estatal de Investigaciones se verían obligadas a colaborar directamente con ICE, sin excepción.
Migrantes cruzan la frontera hacia los Estados Unidos. Foto: X/@PMunozIturrieta
Esta disposición anularía políticas locales que limitan o restringen la colaboración con agencias migratorias. Líderes locales temen que este cambio afecte la confianza entre las comunidades y las autoridades, haciendo que los inmigrantes eviten reportar delitos o colaborar con la policía por temor a ser deportados.
El impacto de esta sección de la ley SB-153 podría ser especialmente fuerte en ciudades y condados con altos índices de población latina, donde las comunidades ya viven bajo un constante clima de vigilancia.
La ley SB-153 restringe beneficios públicos a inmigrantes indocumentados
Otro de los pilares de la propuesta es la negación de beneficios públicos a personas indocumentadas. Si se aprueba definitivamente, la ley SB-153 prohibirá el acceso a programas como Medicaid, asistencia de vivienda, cuidado infantil, apoyos para el pago de servicios como luz o calefacción, y programas de empleo o para cuidadores.
Aunque la ley federal ya impide que la mayoría de inmigrantes indocumentados accedan a estos beneficios, la SB-153 apunta a cerrar las excepciones que algunos estados —incluido Carolina del Norte— otorgan a grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, refugiados o víctimas de violencia doméstica.
Inmigrantes en la frontera de los Estados Unidos. Foto: X/@eduardomenoni
Organizaciones defensoras de la salud pública y bienestar social han advertido que esta medida podría aumentar la pobreza y el abandono social en sectores marginados, afectando especialmente a menores de edad y familias de bajos recursos.
SB-153 penaliza a gobiernos locales que protejan a indocumentados
La ley SB-153 también establece que cualquier ciudad o condado que no colabore con ICE podrá enfrentar sanciones civiles si un inmigrante comete un delito en su jurisdicción. En la práctica, esto expone a gobiernos locales a demandas por “daños civiles”, incluso si sus políticas buscan proteger derechos humanos o priorizar la seguridad comunitaria.
Esta cláusula ha sido vista como una forma de castigo directo a los llamados gobiernos “santuario”, obligándolos a modificar sus políticas para evitar consecuencias legales. Defensores de estas ciudades sostienen que las políticas santuario han demostrado ser efectivas para reducir el crimen, ya que fomentan la colaboración de todas las comunidades, incluidas las migrantes, con la justicia.
Al convertir a los gobiernos locales en responsables de los actos individuales de personas indocumentadas, la SB-153 establece un precedente legal que podría ser replicado en otros estados del país.
Verificación migratoria para beneficios de desempleo
La propuesta también contempla que el Departamento de Comercio estatal verifique el estatus migratorio de todas las personas que soliciten beneficios por desempleo. Si no están autorizadas legalmente a estar en Estados Unidos, no podrán recibir ningún tipo de apoyo.
Unos trabajadores realizan unos trabajos de mantenimiento en un tejado, en una imagen de archivo. EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Aunque esta revisión ya se realiza a nivel federal, el objetivo de la SB-153 es reforzar esa verificación en el ámbito estatal, con mecanismos adicionales para evitar cualquier entrega de recursos públicos a personas sin documentos.
Expertos en derecho laboral advierten que este tipo de medidas no solo pueden dejar desprotegidos a trabajadores que pagan impuestos, sino también alentar prácticas laborales abusivas por parte de empleadores sin escrúpulos.
¿Qué sigue para la SB-153?
La ley migratoria SB-153 se encuentra ahora en manos de la Cámara de Representantes, donde se espera una votación en los próximos días. Si los legisladores también deciden anular el veto del gobernador, la medida se convertirá en ley automáticamente.
Organizaciones de defensa legal como ACLU, el Centro de Justicia de Carolina del Norte y grupos pro-inmigrantes se están movilizando para detener su avance. También se espera una ola de protestas y acciones legales si la medida entra en vigor.
En un estado con más de 300,000 inmigrantes indocumentados, según el Migration Policy Institute, el impacto de la SB-153 podría sentirse en múltiples niveles: en la seguridad pública, el acceso a servicios, el empleo y la vida cotidiana de miles de familias.