El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra las ayudas estatales para estudiantes indocumentados, generando una ola de críticas de educadores y defensores de derechos humanos. Anunciado el 22 de julio de 2025, el plan del Departamento de Justicia (DOJ) busca revertir programas que permiten a jóvenes sin estatus legal pagar matrículas universitarias como residentes en estados como Texas, Kentucky y Minnesota. Esta medida, que ya logró suspender una ley en Texas, amenaza con limitar el acceso a la educación superior para miles de estudiantes y ha desatado un debate sobre discriminación y equidad en EE.UU.
Trump y la eliminación de ayuda a estudiantes en Texas
En Texas, un juez federal revocó temporalmente en junio de 2025 la Ley Estatal Dream, aprobada en 2001 con apoyo bipartidista. Esta legislación permitía a unos 73,000 estudiantes indocumentados, graduados de secundarias texanas, pagar matrículas universitarias al mismo costo que los residentes legales. El DOJ argumentó que la ley “discrimina inconstitucionalmente” a ciudadanos estadounidenses al otorgar beneficios a inmigrantes sin papeles. Como resultado, las universidades públicas de Texas han comenzado a exigir a estos estudiantes el pago de matrículas completas, que pueden duplicar o triplicar los costos, según la Asociación de Colegios y Universidades de Texas.
Por su parte, estudiantes como Rory, una joven de psicología afectada por la decisión, expresó su frustración: “El DOJ cree que no merecemos oportunidades ni el sueño americano”. Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han criticado al gobernador republicano Greg Abbott y al fiscal general Ken Paxton por no defender la ley, acusándolos de alinearse con la agenda de Trump sin consultar a las comunidades afectadas.
Te Recomendamos
Trump apunta a más estados para eliminar ayuda a estudiantes
El DOJ, liderado por la fiscal general Pamela Bondi, ha ampliado su estrategia a otros estados. En Kentucky, una demanda similar cuestiona una ley que beneficia a estudiantes indocumentados, con expectativas de una victoria para el gobierno de Trump. En Minnesota, sin embargo, el gobernador demócrata Tim Walz, conocido crítico de Trump, ha prometido defender el programa estatal que permite a estos estudiantes acceder a matrículas reducidas. California e Illinois, que también cuentan con políticas similares, podrían ser los próximos objetivos, según analistas de la Asociación Nacional de Educación (NEA).
Además, la NEA advirtió que estas acciones forman parte de un “ataque coordinado” contra la educación pública. Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de la NEA, señaló que la administración Trump busca “controlar” lo que los estudiantes creen, limitando su acceso a la educación. En 2024, el 3% de los estudiantes universitarios en EE.UU. eran indocumentados, según el Migration Policy Institute, y programas como los de Texas han sido clave para su integración educativa y económica.
Resistencia frente a la eliminación de ayuda a estudiantes
La derogación de estas leyes ha generado una fuerte resistencia. En Texas, la ACLU y United We Dream han instado al sector privado a financiar becas para los estudiantes afectados mientras se libra una batalla legal para revertir la decisión. Valeria Alvarado, abogada de la ACLU de Texas, calificó la derogación como una “falta de respeto” al sistema legislativo estatal, ya que no se consultó a universidades ni comunidades. En Minnesota, Walz ha movilizado recursos legales para proteger el programa, destacando su importancia para la economía estatal, que se beneficia de 1,200 millones de dólares anuales generados por estudiantes indocumentados, según un estudio local.
Pese a todo, el plan de Trump para eliminar ayuda a estudiantes sin papeles ha intensificado las tensiones en un país polarizado por la inmigración. Mientras defensores de la educación advierten sobre el riesgo de “militarización” de las universidades, con mayor vigilancia a estudiantes indocumentados, los activistas piden a la ciudadanía unirse a la lucha legal. La batalla en los tribunales y en la opinión pública promete extenderse, con miles de jóvenes enfrentando un futuro incierto en su búsqueda de educación superior.