El presidente Donald Trump impulsa la deportación de residentes permanentes legales en EE.UU. acusados de apoyar a pandillas haitianas, específicamente la coalición Viv Ansanm, generando más de 35 millones de interacciones en redes sociales tras el anuncio del secretario de Estado Marco Rubio el 20 de julio de 2025. La medida, que busca reforzar la seguridad nacional, ha desatado críticas por la falta de transparencia y el impacto humanitario, especialmente en comunidades haitianas. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede ahora iniciar procesos de expulsión, la ausencia de detalles sobre los afectados genera incertidumbre.
Trump apunta a deportar residentes por apoyar a pandillas
Marco Rubio anunció que ciertos residentes permanentes legales han colaborado con líderes de Viv Ansanm, clasificada como organización terrorista extranjera en mayo de 2025. “No toleraremos que individuos con estatus legal apoyen organizaciones criminales violentas”, afirmó Rubio. La determinación permite al DHS proceder con deportaciones bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, no se revelaron nombres ni el número de personas afectadas, lo que ha generado preguntas sobre cómo se identificaron estos vínculos. Según la ONU, Viv Ansanm controla el 85% de Puerto Príncipe, exacerbando la crisis en Haití.
Críticas a la política de deportar residentes por apoyar a pandillas
Organizaciones como la Haitian Bridge Alliance han cuestionado la falta de pruebas claras en las acusaciones. La abogada Karen Tumlin, de Justice Action Center, calificó la medida como “devastadora” para comunidades haitianas, argumentando que carece de debido proceso. En mayo, el Supremo permitió a la administración Trump revocar el estatus de protección temporal (TPS) para 350,000 venezolanos, y ahora los haitianos enfrentan un destino similar. El 60% de los estadounidenses apoya medidas migratorias estrictas, según Gallup, pero el 45% teme que se criminalice a inocentes, según AP-NORC.
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Contexto de la deportación por apoyar a pandillas
La decisión se enmarca en la agenda migratoria de Trump, que incluye la terminación del TPS para 521,000 haitianos en septiembre de 2025, según el DHS. La secretaria Kristi Noem justificó la medida afirmando que las condiciones en Haití han mejorado, pese a que la ONU reporta 1.3 millones de desplazados y el 90% de Puerto Príncipe bajo control de pandillas. Además, la administración canceló un programa de parole humanitario que permitió la entrada legal de 200,000 haitianos. La violencia en Haití, con 5,600 muertes en 2024 según la ONU, complica el retorno de los deportados.
Impacto en las comunidades haitianas
En lugares como Little Haiti en Miami, los residentes temen ser estigmatizados. Tessa Pettit, de la Florida Immigrant Coalition, advirtió que deportar a personas a Haití es “una sentencia de muerte” dado el colapso del sistema de salud y la inseguridad alimentaria que afecta al 50% de la población. Muchos de los afectados han vivido en EE.UU. por más de una década, con hijos nacidos en el país. El 70% de los haitianos con TPS ha solicitado asilo u otros estatus legales, según el National Immigrant Justice Center, pero el proceso es lento.
Respaldo de la administración Trump
El presidente Trump, en un mensaje en Truth Social, defendió la medida como una forma de “proteger a los estadounidenses de amenazas extranjeras”. La secretaria Noem anunció un aumento de $10 mil millones en el presupuesto de ICE para 2026, superando el de la DEA. Sin embargo, un fallo judicial del juez Brian Cogan en Nueva York bloqueó temporalmente la terminación del TPS para haitianos, citando irregularidades en el proceso del DHS. La administración tiene hasta agosto para apelar, según Reuters, lo que podría retrasar las deportaciones.
Debate sobre la seguridad y los derechos humanos
La designación de Viv Ansanm como organización terrorista permite al gobierno usar leyes como la Alien Enemies Act para agilizar deportaciones, pero críticos señalan que esto podría violar derechos humanos. En Haití, la falta de elecciones desde 2016 y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 han profundizado la crisis. Organizaciones como Amnistía Internacional exigen claridad sobre cómo se determina la afiliación a pandillas, ya que algunos deportados han sido señalados solo por tatuajes o ropa, según documentos judiciales.