El presidente Donald Trump sufrió un revés judicial el 23 de julio de 2025, cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California declaró inconstitucional su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados y con visas temporales. Este fallo, que respalda una decisión previa de una corte inferior, prohíbe la implementación de la medida a nivel nacional y marca un hito en el debate sobre la Enmienda 14 de la Constitución. La demanda, presentada por cuatro estados demócratas, subraya las implicaciones económicas y sociales de la política, intensificando las tensiones migratorias en EE.UU.
Trump y la ciudadanía por nacimiento: un fallo contundente
Con una votación de 2-1, los jueces del Noveno Circuito confirmaron que la orden ejecutiva de Trump viola la Enmienda 14, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense. “La interpretación propuesta por la orden, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en EE.UU., es inconstitucional”, afirmó el tribunal. La decisión llega semanas después de que el Supremo limitara las medidas cautelares nacionales, aunque permitió excepciones para demandas colectivas y estatales, como en este caso. Los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon lideraron la demanda, argumentando que la política causaría “daños irreparables”.
Por su parte, Trump firmó la orden el segundo día de su mandato en 2025, buscando restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados y migrantes con visas temporales. La medida, que afectaría a unos 4.4 millones de niños nacidos en EE.UU. entre 2000 y 2020, según el Pew Research Center, generó críticas inmediatas de activistas y legisladores demócratas. La Casa Blanca defendió la orden como un esfuerzo para “proteger la soberanía nacional”, pero el fallo judicial refuerza la protección constitucional de la ciudadanía.
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Impacto económico de la ciudadanía por nacimiento
Los estados demandantes argumentaron que eliminar la ciudadanía por nacimiento generaría costos significativos. Según el fallo, los estados perderían reembolsos federales por servicios médicos y sociales brindados a niños que dejarían de ser ciudadanos bajo la orden de Trump. Además, enfrentarían gastos administrativos para ajustar sus sistemas a la nueva política. En 2023, el Migration Policy Institute estimó que los hijos de inmigrantes indocumentados contribuyen con 79,700 millones de dólares anuales a la economía de EE.UU., destacando su importancia para los estados. La pérdida de estos beneficios, según los demandantes, desestabilizaría sus finanzas públicas.
Pese a todo, la administración Trump ha insistido en que la ciudadanía por nacimiento incentiva la inmigración ilegal. Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, afirmó que la orden buscaba “corregir una laguna legal explotada por años”. Sin embargo, expertos legales como Hiroshi Motomura, de la Universidad de California, argumentan que cambiar la Enmienda 14 requeriría una enmienda constitucional, un proceso que necesita la aprobación de dos tercios del Congreso y tres cuartos de los estados, algo improbable en el clima político actual.
Reacciones al fallo sobre la ciudadanía por nacimiento
La decisión ha sido celebrada por defensores de los derechos de los inmigrantes. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó el fallo como “una victoria para los principios constitucionales”. En contraste, legisladores republicanos, como el senador Ted Cruz, han criticado la decisión, argumentando que la ciudadanía por nacimiento “recompensa la ilegalidad”. En 2024, más de 375,000 niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados recibieron ciudadanía, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, lo que subraya la relevancia del tema.
Por su parte, las comunidades inmigrantes, especialmente en estados como Arizona y Texas, han expresado alivio, pero también temor ante posibles apelaciones. La administración Trump ha indicado que podría llevar el caso al Tribunal Supremo, donde la mayoría conservadora podría influir en un fallo futuro. Mientras tanto, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento continúa dividiendo a la nación, con activistas instando a proteger los derechos de los niños nacidos en EE.UU. y la Casa Blanca defendiendo su agenda migratoria restrictiva.