La Administración Trump presentó este viernes una apelación de emergencia ante la Corte Suprema con el objetivo de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por Elon Musk, obtenga acceso a los sistemas del Seguro Social que contienen información sensible de millones de personas en Estados Unidos.
La solicitud se da luego de que la jueza federal Ellen Hollander, del distrito de Maryland, impusiera restricciones al acceso del equipo de Musk citando leyes federales de privacidad. La jueza solo autorizó el ingreso a bases de datos previamente anonimizadas, es decir, sin información que permita identificar directamente a los ciudadanos.
DOGE y el foco sobre el Seguro Social
El Seguro Social administra registros personales de casi toda la población estadounidense. Entre la información contenida en sus sistemas se incluyen historiales médicos de beneficiarios por discapacidad, ingresos salariales, cuentas bancarias y hasta expedientes académicos, según documentos judiciales revelados en el caso.
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El equipo de DOGE argumenta que necesita ese acceso para cumplir con su misión de detectar y reducir el despilfarro en agencias públicas. “El programa está lleno de gastos innecesarios”, declaró Elon Musk en una reciente comparecencia en la Casa Blanca, donde lucía una camiseta con el logo del organismo.
Desde su nombramiento al frente de DOGE, Musk ha señalado al Seguro Social como un posible foco de fraude, calificándolo incluso de “esquema Ponzi” y prometiendo reformarlo radicalmente como vía para disminuir el gasto federal.
Elon Musk (C), del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), llega al Capitolio de Estados Unidos para una reunión a puerta cerrada con los republicanos del Senado en Washington, DC, Estados Unidos. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Restricciones judiciales y choque de poderes
El Procurador General, John Sauer, calificó la decisión de la jueza Hollander como un obstáculo innecesario. “La orden preliminar solo provocará más incursiones judiciales en decisiones internas del poder ejecutivo”, escribió Sauer al solicitar la intervención de la Corte Suprema. A su juicio, la orden frena la labor urgente del DOGE, una oficina creada por decreto presidencial en 2024 con facultades especiales para revisar contratos y bases de datos de agencias federales.
Un tribunal de apelaciones ya revisó el caso, pero se negó a levantar el bloqueo de inmediato. La votación estuvo dividida a lo largo de líneas ideológicas. Mientras la mayoría progresista apoyó mantener las restricciones, los jueces conservadores —en minoría— señalaron que no existen pruebas de “espionaje selectivo” ni de exposición de datos personales por parte del equipo de Musk.
Sindicatos y jubilados temen vulneración de privacidad
La demanda inicial fue impulsada por una coalición de sindicatos de empleados públicos y asociaciones de jubilados, representados legalmente por el grupo Democracy Forward. Según sus argumentos, otorgar acceso sin restricciones a DOGE podría poner en riesgo la privacidad de millones de personas, incluidos beneficiarios vulnerables del Seguro Social.
“Estamos hablando de historiales médicos, ingresos y datos que podrían usarse para persecuciones políticas o comerciales”, alertó una portavoz del colectivo.
Aunque la jueza Hollander permitió el uso de bases de datos censuradas —sin nombres ni identificadores claros—, organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que incluso estos datos podrían ser reidentificados mediante inteligencia artificial, especialmente si se cruzan con otra información pública.
El magnate Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), durante un acto en la Casa Blanca el 11 de febrero de 2025. EFE/Aaron Schwartz/Pool
Un patrón de apelaciones en la Administración Trump
Este caso no es aislado. Desde el inicio de su nuevo mandato en 2025, el presidente Donald Trump ha enfrentado cerca de 200 demandas federales relacionadas con distintas medidas de su agenda conservadora. Muchas de ellas han llegado a la Corte Suprema mediante procedimientos de emergencia, una estrategia que ha sido criticada por expertos legales por eludir el debate judicial ordinario.
En paralelo, la Casa Blanca presentó esta semana un nuevo plan presupuestario que incluye recortes a programas de salud, educación y subsidios, al tiempo que incrementa el gasto militar. Dentro de esta reestructuración, el DOGE ha sido identificado como un eje clave para reducir el tamaño del gobierno y eliminar lo que Trump ha llamado “gasto innecesario de la burocracia progresista”.
¿Qué puede decidir la Corte Suprema?
La Corte Suprema podría fallar en los próximos días sobre si DOGE puede acceder temporalmente a los datos del Seguro Social mientras continúa el litigio en cortes inferiores. De aceptar el pedido del gobierno, se sentaría un precedente clave en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo respecto al uso de datos personales por parte del Estado.
Diversos juristas advierten que permitir ese acceso abriría la puerta a un mayor poder del gobierno federal para examinar información privada sin supervisión del Congreso. Otros, sin embargo, argumentan que en contextos de gasto público elevado, mecanismos de auditoría como los propuestos por DOGE son necesarios para evitar fraudes y malversaciones.
