Nombrado por Trump en el Departamento de Justicia «avergonzará» a quienes no pueda acusar de delitos

Ed Martin, un activista conservador nombrado por el presidente Donald Trump, fue designado como director del Grupo de Trabajo sobre la Militarización del Departamento de Justicia. Durante una conferencia de prensa, Martin anunció su intención de “nombrar y avergonzar” a quienes, pese a no enfrentar cargos formales, sean señalados por acciones cuestionables en el contexto de investigaciones anteriores contra Trump y sus aliados.

En sus palabras, Martin se refirió a ciertos fiscales como “actores realmente malos” que, en su opinión, “han hecho cosas realmente malas al pueblo estadounidense”. Añadió: “Si pueden ser acusados, los acusaremos. Pero si no pueden ser acusados, los nombraremos. En una cultura que respeta la vergüenza, deberían sentirse avergonzados”.

Estas declaraciones marcan un cambio radical respecto a los protocolos tradicionales del Departamento de Justicia, que normalmente evitan revelar investigaciones internas sin cargos formales. La postura de Martin ha generado preocupación entre exfuncionarios y expertos legales, que advierten sobre los riesgos éticos y legales de politizar los procesos judiciales.

Foto: NBC4 Washington

Militarización del Departamento de Justicia: un eje de la política de Trump

La creación del grupo que investiga la militarización del Departamento de Justicia fue impulsada por una orden ejecutiva de Trump durante su regreso al poder. La fiscal general Pam Bondi fue quien formalmente constituyó el equipo, y designó a Martin como director luego de que concluyera su breve periodo como fiscal federal interino del Distrito de Columbia.

El enfoque principal del grupo es auditar el accionar de fiscales y funcionarios involucrados en casos judiciales contra Trump y su entorno. Entre los objetivos figuran el exfiscal especial Jack Smith, el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg —quien llevó el caso del pago de dinero por silencio—, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien impulsó una demanda civil contra la Organización Trump.

Asimismo, el grupo revisará la actuación del Departamento de Justicia en los casos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero, así como la forma en que se han llevado a cabo procesos contra activistas contrarios al aborto.

Martin aseguró que su gestión se caracterizará por la “transparencia total”. En ese sentido, argumentó que una de las principales fallas de la Administración Biden fue ocultar sus acciones mientras perseguía judicialmente a personas específicas. “Tenemos que mostrar a nuestros compatriotas lo que ocurrió. Cuando ocultas y luego procesas, se percibe como persecución”, sostuvo.

Protocolos en tensión por la militarización del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia ha mantenido históricamente normas estrictas sobre la confidencialidad de investigaciones en curso. Durante el primer mandato de Trump, uno de los argumentos utilizados para justificar el despido del entonces director del FBI, James Comey, fue que divulgó información despectiva sobre Hillary Clinton durante la campaña de 2016.

Rod Rosenstein, exfiscal general adjunto, dejó claro en un memorándum que los fiscales no deben revelar información de forma gratuita, ni siquiera en contextos de investigaciones sensibles. En contraste, Martin plantea que en la actual coyuntura histórica, el rol del fiscal debe ser el de “sacar la verdad a la luz”, aunque eso implique romper con procedimientos anteriores.

“No puede ser que el sistema impida que la verdad salga por culpa de un protocolo”, aseguró. También señaló que su rol será más visible que el de sus predecesores: “Me dijeron que este trabajo exige estar al frente y hablar sobre lo que está pasando. Seremos más abiertos al respecto”.

El nombramiento de Martin ha generado reacciones encontradas. No tenía experiencia como fiscal antes de ser designado interinamente como fiscal federal del Distrito de Columbia el día en que Trump asumió el poder. Ese mismo día, el presidente emitió indultos masivos a acusados del ataque al Capitolio y comenzó una reorganización de la fiscalía, removiendo a fiscales clave que investigaban el caso.