El presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra las ciudades santuario al presentar una demanda contra Nueva York el 24 de julio de 2025, acusando a sus autoridades de obstruir la aplicación de leyes migratorias federales. La acción legal, impulsada por el Departamento de Justicia, critica las políticas locales que limitan la colaboración entre la policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), marcando un nuevo capítulo en la batalla entre la administración republicana y los bastiones demócratas. Esta demanda podría redefinir las relaciones entre el gobierno federal y las ciudades que protegen a los migrantes.
Trump demanda a Nueva York: el conflicto con las leyes santuario
El Departamento de Justicia sostiene que las políticas santuario de Nueva York, vigentes desde 1989 y ampliadas en 2014 bajo el alcalde Bill de Blasio, interfieren con la labor de ICE y comprometen la seguridad pública. Estas normativas prohíben a la policía local compartir información sobre el estatus migratorio de personas detenidas, salvo en casos de delitos graves, y cerraron una oficina de ICE en la prisión de Rikers en 2014. Según la demanda, estas medidas “dificultan” la deportación de migrantes indocumentados, un pilar de la agenda de Trump, quien ha ordenado 3,000 deportaciones diarias desde enero de 2025, con 66,463 arrestos reportados por ICE en los primeros 100 días de su mandato.
Por su parte, Nueva York defiende sus políticas como esenciales para la seguridad comunitaria. La Coalición de Inmigración de Nueva York indica que los condados santuario registran 35.5 delitos menos por cada 10,000 habitantes en comparación con aquellos sin estas leyes. Los defensores argumentan que permitir a los migrantes denunciar crímenes sin temor a la deportación fomenta la confianza en la policía. En 2024, el 20% de los reportes de delitos en Nueva York provinieron de comunidades inmigrantes, según el Departamento de Policía de la ciudad, destacando la importancia de estas políticas.
Te Recomendamos
Trump demanda a Nueva York: contexto de la batalla legal
La demanda contra Nueva York se suma a acciones similares contra Los Ángeles, Chicago, Nueva Jersey y el estado de Nueva York, todos liderados por demócratas opuestos a las políticas migratorias de Trump. En marzo de 2025, el Departamento de Justicia suspendió 50 millones de dólares en fondos federales a Nueva York por su estatus de ciudad santuario, según la Oficina de Gestión y Presupuesto. La administración argumenta que estas ciudades violan la Sección 1373 del Código de EE.UU., que exige cooperación con las autoridades migratorias. Sin embargo, tribunales federales han fallado a favor de ciudades santuario en casos similares, citando que el gobierno federal no puede coaccionar a gobiernos locales para cumplir con ICE.
Además, la escalada de Trump coincide con medidas más amplias, como la colocación de tobilleras electrónicas a 183,000 migrantes y redadas masivas que han detenido a 40 personas en Nantucket en mayo de 2025. Estas políticas han generado protestas, con 500 manifestantes en Nueva York exigiendo el fin de las deportaciones en junio, según la organización Make the Road New York. La alcaldesa en funciones, Adrienne Adams, calificó la demanda como “un ataque político” y prometió defender las leyes santuario, que protegen a los 500,000 inmigrantes indocumentados de la ciudad, según estimaciones del Pew Research Center.
Trump demanda a Nueva York: implicaciones para los migrantes
El resultado de esta demanda podría tener un impacto significativo en las comunidades inmigrantes. Nueva York, hogar de 3.5 millones de inmigrantes que contribuyen con 260,000 millones de dólares a su economía, según la Oficina del Contralor, depende de su estatus de santuario para mantener la cohesión social. Un fallo a favor de Trump podría forzar a la policía a colaborar con ICE, aumentando las deportaciones y reduciendo la cooperación comunitaria. En 2023, ciudades santuario como San Francisco reportaron un 30% más de denuncias de delitos domésticos tras reforzar estas políticas, según un estudio de la Universidad de California.
Pese a todo, la batalla legal está lejos de resolverse. Nueva York planea apelar, apoyada por grupos como la ACLU, que han calificado la demanda de “inconstitucional”. Mientras el caso avanza en los tribunales, la ciudad enfrenta la presión de equilibrar su compromiso con los migrantes y las amenazas de recortes federales, en un contexto donde las políticas de Trump dominan el panorama migratorio nacional.