La presidenta Claudia Sheinbaum puso bajo la lupa al sistema judicial mexicano al denunciar que más de 100 delincuentes, algunos vinculados a la delincuencia organizada, han sido liberados por jueces en los últimos años, cuestionando si la justicia es ciega o cómplice. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum presentó un informe detallando casos específicos, argumentando que estas liberaciones, conocidas como “sabadazos” por ocurrir frecuentemente en fines de semana, representan un grave problema para la seguridad del país.
La Fiscalía General de la República ha respaldado las cifras, señalando que entre 2022 y 2025 se han documentado al menos 72 casos de líderes del crimen organizado absueltos, con un estimado que podría superar los 100 al incluir delitos menores. Este escándalo ha avivado el debate sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno.
Sheinbaum destacó casos como el de Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara, liberado en 2022 tras un amparo, y José Alberto “La Kena”, del Cártel del Golfo, excarcelado en enero de 2024. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas decisiones se basaron en supuestas fallas procesales, como pruebas inadmisibles o detenciones irregulares, pero la presidenta sugirió que algunos jueces actúan con negligencia o intereses ocultos.
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El gobierno estima que estas liberaciones han permitido que criminales regresen a las calles, afectando la tranquilidad de comunidades en estados como Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa. La iniciativa de reforma, que incluye la elección popular de jueces a partir de junio de 2025, busca abordar estas irregularidades, aunque enfrenta resistencia del Poder Judicial.
Casos que generan controversia
Entre los ejemplos presentados está el de Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada en abril de 2022 tras una resolución judicial por buena conducta, a pesar de su historial delictivo. Otro caso es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias “El Barbas”, líder de Los Zetas, absuelto en 2024 por falta de pruebas sólidas, según el juez que llevó el caso.
La Fiscalía General ha indicado que en muchos de estos procesos se desecharon confesiones obtenidas bajo tortura, un argumento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende como protección a los derechos humanos, pero que el gobierno critica como una vía para eludir la justicia. Estos incidentes han alimentado la percepción pública de un sistema judicial permisivo, especialmente en regiones afectadas por el crimen organizado.
Sheinbaum y las próximas reformas
La exposición de estos casos forma parte de la estrategia del gobierno para justificar la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024 y ya en fase de implementación. El Instituto Nacional Electoral prepara las elecciones extraordinarias de junio de 2025, donde se elegirán jueces y magistrados por voto popular, un cambio que Sheinbaum defiende como una forma de sanear el sistema.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal ha advertido que esta medida podría politizar la justicia, mientras que la presidenta insiste en que el actual modelo permite liberaciones injustificadas. El gobierno planea un segundo proceso electoral en 2027 para completar la renovación, con un costo estimado de 7,000 millones de pesos, según cálculos oficiales, financiados con fideicomisos judiciales.
Reacciones y desafíos
La denuncia ha desatado reacciones divididas. Algunos ciudadanos apoyan la iniciativa, viendo en ella una oportunidad para responsabilizar a los jueces, mientras que el gremio judicial acusa al gobierno de manipular la narrativa para consolidar poder. La Secretaría de Gobernación ha recibido reportes de protestas en Ciudad de México y Guadalajara, donde grupos exigen mayor transparencia en los procesos judiciales.
Sheinbaum ha prometido un análisis continuo, con nuevos informes cada mes, y ha llamado a la población a participar en las elecciones judiciales. Mientras tanto, la delincuencia organizada sigue siendo un reto, con el gobierno reforzando operativos en zonas críticas como Tijuana y Acapulco, donde la liberación de líderes ha complicado los esfuerzos de seguridad. Este debate pone en juego la confianza en el sistema judicial mexicano.
