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La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaron el 28 de julio de 2025 una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por una política que niega audiencias de libertad bajo fianza a miles de inmigrantes detenidos. La directiva, emitida el 8 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado críticas por vulnerar derechos establecidos y prolongar detenciones indefinidas. La acción legal, centrada en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California, busca revertir una medida que afecta a más de 60,000 inmigrantes en custodia, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Una política que cierra las puertas a la fianza
La directiva de ICE prohíbe a los jueces de inmigración considerar la liberación bajo fianza para migrantes detenidos, una práctica vigente desde 1996 que permite evaluar si un inmigrante representa un riesgo para la seguridad pública o de fuga. La ACLU, junto con Northwest Immigrant Rights Project, presentó la demanda en un tribunal federal de California, representando a detenidos en Adelanto, donde 1,800 personas están recluidas, el 70% sin antecedentes penales, según un informe de Human Rights Watch. Un juez emitió una orden el lunes exigiendo audiencias de fianza en una semana, un paso inicial que podría beneficiar a miles a nivel nacional.
Por su parte, ICE defiende la política como un esfuerzo para “cerrar un vacío legal” que, según la agencia, permitía a inmigrantes indocumentados eludir la deportación tras cruzar la frontera con México. Un portavoz afirmó que la medida garantiza el “debido proceso” mientras prioriza la detención de quienes ingresan ilegalmente. Sin embargo, Vanessa Dojaquez-Torres, de la American Immigration Lawyers Association, criticó que los jueces ahora “no pueden siquiera escuchar los argumentos de los detenidos, sin importar su conducta”. En 2024, ICE reportó 700,000 detenciones migratorias, un aumento del 25% respecto a 2023, con el 85% de los casos sin cargos criminales, según el Transactional Records Access Clearinghouse.
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Acusaciones de violación de derechos
La demanda argumenta que la política viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que desde 1996 otorga a los detenidos el derecho a una audiencia de fianza. Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project, calificó la directiva como una “violación flagrante” de normas establecidas, señalando que prolonga detenciones en condiciones a menudo inhumanas. En Adelanto, reportes de 2024 documentaron hacinamiento, atención médica deficiente y 12 casos de abuso documentados por la ACLU. La política afecta especialmente a solicitantes de asilo, quienes enfrentan esperas promedio de 4 años para resolver sus casos, según la Universidad de Syracuse.
Además, la controversia se intensifica por declaraciones del DHS. En X, el departamento afirmó el 8 de julio que la medida de Trump busca “mantener a criminales fuera de las calles”. Sin embargo, datos del propio DHS muestran que el 80% de los detenidos en 2025 no tienen antecedentes penales, lo que ha llevado a críticos a acusar a la administración de estigmatizar a los migrantes. La ACLU sostiene que la política no solo es ilegal, sino que sobrecarga un sistema judicial con 3.1 millones de casos pendientes, según el Transactional Records Access Clearinghouse, agravando retrasos y costos.
Reacciones y contexto político
Pese a todo, la presión pública crece. Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles han organizado protestas frente a las oficinas de ICE, exigiendo la restauración de las audiencias de fianza. “Es una crueldad mantener a familias encerradas sin justificación”, dijo María Gómez, activista en Adelanto. La administración Trump, que ha priorizado la deportación masiva, destinó 3,200 millones de dólares en 2025 para reforzar la seguridad fronteriza, según el presupuesto del Congreso, pero enfrenta críticas por desfinanciar programas de asistencia legal para migrantes, que cayeron un 30% desde 2023, según el American Bar Association.
La demanda también refleja tensiones políticas. Mientras Trump promueve su agenda migratoria, con un índice de aprobación del 46% según Gallup, aliados como el senador Ted Cruz han respaldado la política, calificándola de “necesaria para proteger a los estadounidenses”. Sin embargo, grupos de defensa planean ampliar la demanda a otros centros de detención, como Krome en Florida, donde 1,200 inmigrantes están recluidos. Con el caso en curso, los tribunales federales podrían definir el futuro de miles de migrantes, mientras la administración enfrenta un escrutinio creciente por sus políticas migratorias.