La Administración de Donald Trump está considerando suspender el habeas corpus como parte de su estrategia para deportar a migrantes indocumentados.
En un giro significativo de la política migratoria de la administración Trump, Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para políticas, reveló que el Gobierno está «examinando activamente» la posibilidad de suspender el habeas corpus, una medida que permitiría la detención sin posibilidad de impugnarla legalmente. Esta declaración fue realizada el viernes 9 de mayo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
¿Qué es el Habeas Corpus y cómo impacta en los migrantes?
El habeas corpus es uno de los derechos fundamentales de la Constitución de EE. UU., protegiendo a las personas contra detenciones arbitrarias.
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El habeas corpus, cuyo nombre proviene del latín «que tengas el cuerpo», es un derecho fundamental protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Este derecho permite a cualquier persona detenida impugnar la legalidad de su arresto ante los tribunales, lo que significa que el Gobierno no puede detener a alguien sin presentar una razón legítima y un proceso judicial adecuado.
La suspensión del habeas corpus, como mencionó Stephen Miller, está contemplada por la Constitución en circunstancias excepcionales, como en casos de invasión. Sin embargo, esta opción ha generado una creciente preocupación sobre la protección de los derechos civiles, especialmente para los migrantes indocumentados. La medida sería parte de la estrategia de Trump para frenar la inmigración ilegal, aunque la Administración no ha clarificado si esta suspensión se aplicaría a todos los migrantes o solo a un grupo específico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera en la entrada de la Casa Blanca, este 6 de mayo de 2025. EFE/Will Oliver
La “invasión” de migrantes según la Administración Trump
El término «invasión» se ha utilizado repetidamente para describir el flujo de migrantes hacia EE. UU.
En sus declaraciones, Miller aludió a la «invasión» como justificación para suspender el Habeas Corpus. Esta retórica ha sido una constante en la política de Trump, quien ha calificado a los migrantes indocumentados como una amenaza de “invasión”. Esta narrativa ha sido clave en la justificación de medidas más drásticas contra la inmigración, incluidas políticas de detenciones y deportaciones masivas.
El uso del término «invasión» refleja una postura más agresiva del Gobierno, que pretende movilizar a la opinión pública en apoyo a sus políticas restrictivas. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que muchas organizaciones de derechos humanos sostienen que las políticas migratorias de la Administración Trump carecen de la debida consideración legal y humanitaria.
Posibles implicaciones legales de suspender el habeas corpus
La suspensión del habeas corpus podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos y aumentar las tensiones legales en EE. UU.
Si el Gobierno de Trump llegara a suspender el habeas corpus, se abriría un precedente legal peligroso en cuanto al tratamiento de los migrantes en Estados Unidos. Esta medida afectaría no solo a los migrantes indocumentados, sino también a todos los individuos detenidos en el país, limitando su capacidad para recurrir a los tribunales y obtener una revisión de la legalidad de su detención.
Además, la suspensión del habeas corpus podría generar un conflicto entre los diferentes poderes del Gobierno. Mientras que el Ejecutivo busca implementar medidas más severas contra la inmigración ilegal, el Poder Judicial, a través de varios fallos, ha bloqueado algunas de las políticas migratorias del Gobierno, lo que podría intensificar las tensiones legales y judiciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca, este 6 de mayo de 2025. EFE/Francis Chung/Pool
Los efectos de la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar inmigrantes ha sido ampliamente criticado y desafiado en los tribunales.
La Administración Trump también ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que históricamente se ha utilizado en tiempos de guerra para deportar a personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. En mayo de 2024, un fallo de dos jueces federales declaró «inválido» el uso de esta ley para deportar a inmigrantes venezolanos, acusados de pertenecer a la pandilla criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, la Administración ha sostenido que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tiene vínculos con el Tren de Aragua, una afirmación que no ha sido confirmada por pruebas concluyentes. Un memorándum desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia contradice esta acusación, indicando que, aunque el entorno de Venezuela permite la operación del Tren de Aragua, el régimen no dirige directamente sus actividades.
