Más de 20 estados, liderados por demócratas, presentaron el 29 de julio de 2025 una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por recortar fondos de Medicaid a Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos y servicios de salud reproductiva en EE.UU. La medida, parte de un paquete fiscal promulgado este mes, amenaza con cerrar un tercio de las 600 clínicas de la organización, afectando a 1.2 millones de pacientes, según Planned Parenthood. Los estados argumentan que los recortes son inconstitucionales y perjudican a comunidades vulnerables.
Un ataque a la atención médica
La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, involucra a estados como California, Nueva York, Connecticut y Washington D.C. Los fiscales generales, encabezados por Rob Bonta de California, sostienen que la disposición que suspende los reembolsos de Medicaid a proveedores que recibieron más de 800,000 dólares en 2023 viola la Primera Enmienda al castigar a Planned Parenthood por su defensa del acceso al aborto. En 2024, Planned Parenthood atendió a 2.4 millones de pacientes, el 60% de ellos con Medicaid, según su informe anual. Los servicios, que incluyen pruebas de cáncer, anticonceptivos y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, son esenciales para comunidades de bajos ingresos.
Por su parte, Bonta afirmó en una conferencia de prensa que “este ataque no solo se trata del aborto, sino de negar atención básica a los más vulnerables”. Los estados buscan que la medida sea declarada inconstitucional, argumentando que el lenguaje de la ley es vago y no especifica qué proveedores se ven afectados. En Maine, el proveedor Maine Family Planning, que opera 18 clínicas, también resultó perjudicado, con reservas suficientes solo hasta octubre, según su directora ejecutiva. En 2023, el 40% de sus pacientes dependía de Medicaid para servicios no relacionados con abortos.
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Resistencia y defensa federal
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), demandado en el caso, defendió los recortes. El portavoz Andrew G. Nixon afirmó que “los estados no deberían financiar organizaciones que priorizan la defensa política sobre la atención al paciente”. En 2024, Planned Parenthood recibió 563 millones de dólares en fondos federales, según el HHS, lo que ha avivado críticas conservadoras que alegan que estos recursos subsidian indirectamente abortos, pese a que la ley federal prohíbe usar fondos públicos para este fin, salvo en casos de violación, incesto o riesgo de vida. La administración Trump, con un índice de aprobación del 46% según Gallup, ha priorizado recortes a programas de planificación familiar, destinando 75,000 millones a otras áreas como inmigración.
Además, un juez federal dictaminó el 28 de julio que las clínicas de Planned Parenthood deben seguir recibiendo reembolsos de Medicaid mientras el caso se resuelve, una victoria temporal para la organización. Sin embargo, la incertidumbre persiste, con 200 clínicas en riesgo de cierre, según la Federación de Planificación Familiar. En estados como Texas, donde los fondos de Medicaid a Planned Parenthood ya fueron restringidos en 2021, los cierres de clínicas aumentaron los costos estatales de atención médica en un 13%, según el Instituto Guttmacher.
Impacto en los estados y comunidades
Pese a todo, los estados demandantes advierten que los recortes podrían generar una crisis de salud pública. William Tong, fiscal general de Connecticut, señaló que los estados enfrentarían un dilema: “Violar los derechos de Planned Parenthood o gastar millones para cubrir los servicios”. En California, el costo estimado para reemplazar los servicios de Planned Parenthood asciende a 700 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto Legislativo. En 2024, el 25% de las mujeres de bajos ingresos en EE.UU. dependían de estas clínicas para anticonceptivos, según el Kaiser Family Foundation.
La demanda también refleja tensiones políticas. En Nueva York, donde Planned Parenthood atiende a 500,000 pacientes anuales, la fiscal general Letitia James calificó los recortes como “un ataque a los derechos reproductivos”. Las protestas, con 1,000 personas reunidas en Los Ángeles el 27 de julio, según la Coalición por la Salud Reproductiva, exigen proteger el acceso a la atención. Mientras el caso avanza, con una audiencia programada para septiembre, los estados se preparan para una batalla legal que podría redefinir el acceso a la salud reproductiva en un año electoral crítico.