El 21 de julio de 2025, más de 20 organizaciones sin fines de lucro de más de una docena de estados demandaron a la administración del presidente Donald Trump, alegando que las nuevas condiciones de financiación federal dificultan su labor de apoyar a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y personas sin hogar. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Rhode Island, generó más de 45 millones de interacciones en redes sociales, destacando la tensión entre las políticas federales y las necesidades de comunidades vulnerables. Organizaciones como la Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica y Violencia en Minnesota denuncian pérdidas de cientos de miles de dólares en fondos esenciales.
Demandan a Trump grupos de ayuda a mujeres por restricciones ideológicas
Las organizaciones, representadas por Democracy Forward, argumentan que las nuevas reglas de los Departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y de Salud y Servicios Humanos (HHS) priorizan objetivos ideológicos de la administración Trump, como eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), negar identidades transgénero y restringir el acceso a recursos relacionados con el aborto. En marzo, el secretario de HUD, Scott Turner, anunció condiciones para el programa Continuum of Care, que apoya a personas sin hogar, exigiendo a los beneficiarios no promover la “ideología de género” ni financiar abortos electivos. Estas restricciones, según la demanda, exponen a las organizaciones a sanciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
Impacto en servicios esenciales al demandar a Trump grupos de ayuda a mujeres
La demanda detalla cómo las condiciones afectan programas clave, como la financiación para prevenir la violencia doméstica, el programa de Educación y Prevención de Violaciones de los CDC y esfuerzos para reducir la mortalidad materna e infantil. Por ejemplo, el HHS exige que los beneficiarios certifiquen no violar leyes antidiscriminación, pero las nuevas reglas prohíben reconocer identidades de género distintas al sexo de nacimiento, contradiciendo normas federales como la de acceso equitativo del HUD. Esto pone a las organizaciones en un dilema: aceptar las condiciones y modificar sus programas o perder fondos, afectando a miles de sobrevivientes y personas sin hogar, según la Coalición de Colorado contra la Agresión Sexual.
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Resistencia legal al demandar a Trump grupos de ayuda a mujeres
Pese a todo, las organizaciones buscan una orden judicial permanente para bloquear estas condiciones, argumentando que la administración excede su autoridad al imponer restricciones sin la aprobación del Congreso, que controla la financiación federal. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, calificó las políticas como “ilegales y perjudiciales”, afirmando que obligan a las organizaciones a abandonar su misión o comprometer la dignidad de las comunidades que sirven. El 70% de los estadounidenses apoya el acceso a servicios para víctimas de violencia doméstica, según una encuesta de Gallup, lo que subraya la relevancia de la demanda.
Contexto de las políticas de la administración Trump
Las restricciones derivan de órdenes ejecutivas emitidas por Trump en enero de 2025, que declaran ilegales los programas DEI federales y limitan el reconocimiento legal a dos sexos. Estas medidas han generado críticas de grupos como la National Council of Nonprofits, que advierten sobre un “efecto paralizante” en el sector sin fines de lucro. En 2024, el HUD distribuyó $2,300 millones a través de Continuum of Care, apoyando a 400,000 personas sin hogar, según datos federales. La interrupción de estos fondos podría aumentar la indigencia en un 15%, según estimaciones de la Urban Institute.
Voces de las organizaciones afectadas
“Estamos entre la espada y la pared”, afirmó un representante de Violencia en Minnesota, destacando que las nuevas condiciones obligan a elegir entre continuar su labor o perder financiamiento crítico. La demanda también señala que las restricciones contradicen normativas existentes, como las que protegen el acceso equitativo a servicios según la identidad de género. El HHS y el HUD no han respondido públicamente, pero la Casa Blanca, a través de un comunicado, defendió las políticas como un esfuerzo para alinear la financiación con “los intereses nacionales”. La batalla legal podría sentar un precedente para los $3,000 millones en fondos federales que apoyan a organizaciones de ayuda a mujeres en 2025.