El enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el sistema judicial ha alcanzado un punto crítico tras una orden judicial sobre deportaciones emitida el sábado 15 de marzo de 2025 por el juez federal James Boasberg en Washington D.C. La orden exigía detener el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a presuntos miembros de pandillas venezolanas y ordenó que los aviones que ya estaban en vuelo regresaran al país.
Sin embargo, tres vuelos con más de 260 deportados aterrizaron en El Salvador, lo que ha desatado una tormenta de críticas y advertencias sobre posibles consecuencias legales para la administración de Donald Trump, quien asumió su segundo mandato en enero de 2025. El juez ha dado plazo hasta este viernes 21 de marzo para que el gobierno detalle si cumplió o no con la directriz, dejando en el aire serios riesgos legales y políticos.
La controversia comenzó cuando Trump invocó una ley de la era de la Revolución Americana para justificar la deportación rápida de 137 presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana, junto con otros 23 señalados como parte de la MS-13.
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La Casa Blanca celebró la operación como un éxito en su lucha contra el crimen transnacional, pero el juez Boasberg cuestionó la legalidad de usar esta normativa en tiempos de paz y exigió información precisa sobre los vuelos. El Departamento de Justicia respondió que las aeronaves ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense cuando se emitió la orden escrita a las 7:26 p.m. del sábado, pero se negó a dar más detalles, alegando preocupaciones de seguridad nacional, lo que ha frustrado al tribunal.
Orden Judicial sobre Deportaciones: Una Prueba de Poder
La orden judicial sobre deportaciones pone a prueba los límites de la autoridad presidencial frente al poder judicial, un tema que ha marcado el inicio del segundo mandato de Trump. Durante una audiencia el lunes, Boasberg expresó incredulidad ante la falta de respuestas claras del gobierno, preguntando por qué no había información sobre los horarios exactos de los vuelos.
“¿Por qué llegan hoy sin respuestas?”, cuestionó el juez, según reportes de medios presentes. La administración, por su parte, ha pedido que el juez sea retirado del caso, acusándolo de exceder su jurisdicción, mientras Trump lo calificó de “agitador izquierdista” en redes sociales, sugiriendo incluso su destitución, un comentario que el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó como inapropiado.
El Salvador, receptor de los deportados, ha añadido más leña al fuego. El presidente Nayib Bukele publicó videos de los supuestos pandilleros llegando al país y siendo trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), burlándose de la orden judicial con un “Ups, demasiado tarde”. La Casa Blanca confirmó que pagó cerca de 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño por aceptar a los deportados, un acuerdo que ha levantado sospechas sobre si la operación se ejecutó a sabiendas de la inminente intervención judicial.
Orden Judicial sobre Deportaciones: Riesgos Legales en Juego
Si el gobierno de EE.UU. no cumple con la orden judicial sobre deportaciones o no justifica sus acciones, podría enfrentar acusaciones de desacato, un delito que podría escalar el conflicto hacia una crisis constitucional. Expertos legales, como David Super de la Universidad de Georgetown, han señalado que ignorar la orden sería un desafío directo al sistema de pesos y contrapesos del país. “Esto parece desacato; un avión puede dar la vuelta si se quiere”, afirmó Super en una entrevista reciente. La administración sostiene que actuó dentro de la ley y confía en que la Corte Suprema eventualmente les dará la razón, pero la negativa a proporcionar datos concretos al juez podría complicar su defensa.
Organizaciones de derechos humanos también han entrado en la polémica, argumentando que los deportados no tuvieron oportunidad de cuestionar las acusaciones en su contra. “No hubo audiencias para probar que son pandilleros”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, destacando la falta de debido proceso. Mientras tanto, protestas contra las deportaciones masivas han surgido en ciudades como Houston y Los Ángeles, con miles marchando en rechazo a las políticas migratorias de Trump.
Orden Judicial sobre Deportaciones: ¿Qué Sigue?
El reloj sigue corriendo para el gobierno, que debe entregar una declaración jurada antes del mediodía del viernes detallando los vuelos y cuántos deportados siguen bajo la autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros en territorio estadounidense. La orden judicial sobre deportaciones ha puesto al descubierto las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, y el resultado podría sentar un precedente sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria. Por ahora, la incertidumbre reina, y el mundo observa si Trump optará por ceder o redoblar su apuesta en esta batalla legal que apenas comienza.
