El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sorprendió este 9 de abril al retirar los cargos contra Henrry Josue Villatoro Santos, un hombre de 24 años acusado de ser el líder de la pandilla MS-13 en la costa este. Arrestado el 27 de marzo en Dale City, Virginia, por posesión ilegal de armas, Villatoro Santos fue presentado por la fiscal general Pam Bondi como un «líder clave» de la organización criminal durante una conferencia en Manassas. Sin embargo, menos de dos semanas después, el DOJ solicitó a un tribunal federal en el Distrito Este de Virginia desechar el caso, priorizando su deportación a El Salvador. La decisión ha generado debate sobre la estrategia del gobierno contra el crimen organizado.
El arresto de Villatoro Santos fue ejecutado por una fuerza especial interagencial creada bajo la administración de Donald Trump para combatir el crimen transnacional. Según el FBI, agentes encontraron varias armas de fuego en su domicilio, lo que llevó a la acusación inicial. En la conferencia del 27 de marzo, Bondi, junto al director del FBI Kash Patel, lo calificó como «uno de los peores criminales» y un «terrorista doméstico». La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya tenía una orden administrativa contra él por su estatus migratorio irregular. El DOJ no explicó públicamente las razones del cambio, pero la fiscalía presentó una moción para desestimar el cargo «sin perjuicio», dejando abierta la posibilidad de retomarlo.
El abogado defensor, Mohammad Elsayed, se opuso a la desestimación inmediata, argumentando que su cliente podría ser deportado rápidamente a El Salvador sin debido proceso, enfrentando un destino incierto en la prisión de máxima seguridad CECOT. «El riesgo de que esto se convierta en una sentencia de por vida sin justicia es real», afirmó Elsayed en un documento presentado ante la jueza magistrada Lindsey R. Vaala. El caso ahora depende de la decisión del tribunal, mientras ICE mantiene un detainer activo para iniciar el proceso de remoción una vez resuelto el asunto judicial.
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MS-13: De acusaciones a la deportación
La pandilla MS-13, conocida como Mara Salvatrucha, es un grupo criminal originado en Los Ángeles en los años 80 por inmigrantes salvadoreños, que se ha expandido por la costa este de EE.UU., involucrándose en actividades como tráfico de drogas y extorsión. El DOJ ha intensificado su lucha contra esta organización bajo la administración Trump, designándola como un «grupo terrorista extranjero» en enero de 2025. Villatoro Santos fue arrestado como parte de esta ofensiva, pero los cargos presentados inicialmente solo mencionaban posesión de armas, con una referencia mínima a su supuesta afiliación con MS-13, lo que levantó dudas sobre la solidez de las acusaciones.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, celebró el arresto en marzo, destacando la colaboración con fuerzas federales para capturar a «uno de los principales líderes de MS-13». Sin embargo, la retirada de los cargos ha generado críticas entre quienes esperaban un proceso penal completo. La moción del DOJ, presentada por el fiscal interino del Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, no detalla por qué se optó por la deportación en lugar de la prosecución, aunque fuentes oficiales anónimas sugieren que el gobierno busca acelerar la expulsión de presuntos miembros de pandillas como parte de una política migratoria más estricta.
MS-13: Un caso que pone a prueba la política de Trump
La decisión llega en un momento en que la administración Trump impulsa deportaciones rápidas de presuntos criminales extranjeros. El 7 de abril, la Corte Suprema aprobó, en una votación 5-4, reanudar deportaciones de supuestos miembros de pandillas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un precedente que podría aplicarse aquí. El caso de Villatoro Santos destaca tensiones entre la justicia penal y las políticas migratorias, con el DOJ priorizando la remoción sobre un juicio que podría haber durado meses.
Mientras el tribunal evalúa la moción, la familia de Villatoro Santos en Virginia permanece en vilo. El joven salvadoreño, detenido desde su arresto, enfrenta un futuro incierto si es enviado a El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha encarcelado a más de 76,000 personas desde 2022 bajo un régimen de excepción contra pandillas. Por ahora, el caso sigue abierto, con ICE listo para actuar y el debate sobre cómo enfrentar a MS-13 intensificándose en Washington.
