Un juez federal del Distrito Sur de Texas, Fernando Rodríguez Jr., nombrado por Donald Trump en 2018, emitió un fallo el 30 de abril de 2025 que prohíbe a la administración del presidente utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener, trasladar y deportar a inmigrantes venezolanos señalados como miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
La decisión, la primera de carácter definitivo sobre este tema, establece que la ley, diseñada para tiempos de guerra, no puede aplicarse a presuntos pandilleros sin un contexto de conflicto bélico, marcando un revés para la política migratoria de Trump. El fallo no impide que el gobierno recurra a la Ley de Inmigración y Nacionalidad para continuar con las deportaciones, pero limita el uso de esta controvertida norma del siglo XVIII.
Rodríguez Jr. argumentó que el término “invasión” empleado por la administración no se alinea con su uso histórico, ligado a actividades militares o bélicas. En su escrito, el juez señaló que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en este caso “excede el alcance de la ley y es contraria al significado llano y ordinario de sus términos”. La corte definió una “invasión” o “incursión predatoria” como el ingreso de una fuerza armada organizada con el propósito de destruir vidas y propiedades, aclarando que no necesariamente debe preceder a una guerra formal. Sin embargo, las actividades del Tren de Aragua, según el juez, no cumplen con este criterio.
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Ley de Enemigos Extranjeros: un uso polémico
La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el 14 de marzo de 2025, tras una proclamación presidencial que calificó al Tren de Aragua como una “fuerza invasora”. Esto permitió la deportación de cientos de inmigrantes venezolanos sin audiencias ante jueces de inmigración o cortes federales, una práctica que generó críticas por vulnerar el debido proceso.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representó a cinco venezolanos afectados, aplaudió el fallo de Rodríguez Jr., destacando que protege los derechos fundamentales de los inmigrantes frente a medidas arbitrarias. El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por la secretaria Kristi Noem, defendió la política, argumentando que la banda representa una amenaza significativa para las comunidades estadounidenses.
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), más de 65,700 inmigrantes con antecedentes penales han sido deportados desde enero de 2025, aunque no todos bajo esta ley. El fallo de Rodríguez Jr. no cuestiona la autoridad del Ejecutivo para deportar a extranjeros involucrados en actividades criminales, pero exige que dichas acciones se realicen dentro de los marcos legales establecidos, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Tensiones judiciales
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha desatado una batalla legal entre la Casa Blanca y los tribunales federales. A finales de marzo, el juez de distrito James Boasberg, en Washington D.C., bloqueó temporalmente las deportaciones bajo esta norma y ordenó el regreso de vuelos con inmigrantes venezolanos enviados a El Salvador, una orden que la administración no cumplió, lo que llevó a Boasberg a acusarla de desacato.
La Corte Suprema intervino el 7 de abril, permitiendo temporalmente el uso de la ley, pero el 19 de abril ordenó suspender las deportaciones de un grupo de 50 venezolanos detenidos en Texas mientras el caso se resolvía en el Quinto Circuito de Apelaciones. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de la secretaria Pam Bondi, anunció que apelará el fallo de Rodríguez Jr. ante el Quinto Circuito, argumentando que la decisión limita la autoridad presidencial en cuestiones de seguridad nacional.
La controversia ha intensificado las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con la administración acusando a los jueces de obstruir sus esfuerzos por combatir el crimen transnacional. En redes sociales, los usuarios están divididos: algunos apoyan el fallo como una defensa del estado de derecho, mientras que otros lo ven como un obstáculo para la seguridad pública.
Siguientes cuestiones
El fallo de Rodríguez Jr. tiene implicaciones inmediatas para los inmigrantes venezolanos detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, quienes ahora deberán ser procesados bajo otras normativas migratorias que garantizan audiencias judiciales. Sin embargo, la apelación al Quinto Circuito podría revertir la decisión, especialmente considerando que este circuito es conocido por su inclinación conservadora. Mientras tanto, la administración Trump continúa con su agenda migratoria, que incluye la deportación masiva de inmigrantes con antecedentes penales, según un informe reciente de ICE.
La batalla legal en torno a la Ley de Enemigos Extranjeros refleja un momento de profunda polarización en Estados Unidos, con el tema migratorio en el centro del debate. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han instado a la administración a priorizar procesos justos, mientras que los partidarios de Trump argumentan que medidas drásticas son necesarias para enfrentar el crimen. Por ahora, el fallo de Rodríguez Jr., un juez nombrado por el propio Trump, añade una capa de complejidad a la estrategia migratoria de la Casa Blanca, con el potencial de influir en futuros casos judiciales y en la percepción pública del gobierno.
