Juez frenó el plan de Trump sobre la ciudadanía de nacimiento
Un juez federal de New Hampshire bloqueó el 9 de julio de 2025 una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida anunciada el 22 de enero y considerada inconstitucional por violar la 14ª Enmienda. El fallo de Joseph Laplante, que protege a 4.1 millones de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados, según el Pew Research Center, detiene una de las políticas migratorias más controvertidas de Trump. La decisión, con una pausa de siete días para apelaciones, marca un revés para la administración, que enfrenta 15 demandas similares en tribunales federales.
Bloqueo nacional del fallo
El juez Laplante, nombrado por George W. Bush, emitió una orden de alcance nacional en respuesta a una demanda colectiva liderada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU). “Eliminar la ciudadanía por nacimiento causa daños irreparables y contradice un pilar constitucional”, afirmó, destacando que este derecho, garantizado desde 1868, es un “tesoro” para 98% de los nacidos en EE.UU., según el censo de 2020. La orden ejecutiva, que debía entrar en vigor el 27 de julio, fue previamente bloqueada por jueces estatales, pero el Supremo invalidó esos fallos por carecer de jurisdicción federal.
Detalles de la demanda
La demandante principal, Barbara, una hondureña solicitante de asilo embarazada, argumentó que su hijo, esperado para octubre, perdería la ciudadanía. La demanda, conocida como “Barbara y otros”, protege a niños nacidos y futuros, pero excluye a los padres, según el fallo. Laplante, quien ya bloqueó la orden en febrero con alcance limitado, reiteró que viola la 14ª Enmienda, que otorga ciudadanía a “todas las personas nacidas” en suelo estadounidense. La ACLU estima que 5.5 millones de ciudadanos perderían su estatus si la orden prospera, afectando principalmente a comunidades latinas.
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Contexto migratorio de Trump
La orden ejecutiva forma parte de una agenda migratoria agresiva que incluye deportaciones masivas, con 300,000 casos en 2025, según ICE. Trump, quien calificó la ciudadanía por nacimiento como un “imán” para inmigración ilegal, busca reinterpretar la 14ª Enmienda mediante acción ejecutiva, una estrategia criticada por el 62% de los estadounidenses, según Gallup. El fallo de Laplante refuerza la jurisprudencia de 1898, cuando el caso Wong Kim Ark confirmó la ciudadanía por nacimiento, un precedente citado en 12 tribunales federales desde 2020. La administración apelará ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito.
Cambios en fondos educativos
Paralelamente, el Departamento de Educación, liderado por Linda McMahon, revocó el 8 de julio una norma de 1997 que permitía a indocumentados acceder a fondos federales para educación técnica y profesional. La decisión, que afecta a 1.2 millones de estudiantes, según el Migration Policy Institute, se basa en la Ley PRWORA de 1996, que restringe beneficios públicos a ciudadanos y residentes legales. “Los recursos deben priorizar a los estadounidenses”, afirmó McMahon. La medida, efectiva desde agosto, ha generado protestas de grupos como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, que planea manifestaciones el 17 de julio en Los Ángeles con 3,000 asistentes esperados.
Reacciones y perspectivas
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la orden de Trump, acusando a los jueces de “obstruir la soberanía nacional”. Por su parte, la ACLU celebró el fallo como “una victoria para la Constitución”. En New Hampshire, donde el 6% de la población es inmigrante, según el censo, la decisión resonó entre comunidades latinas, que representan el 4% de los 1.4 millones de residentes. La batalla legal, que podría llegar a la Corte Suprema en 2026, definirá el futuro de la ciudadanía por nacimiento, un derecho que beneficia a 4 millones de niños anualmente. Mientras, la tensión migratoria crece, con 25% de los indocumentados evitando servicios públicos por temor a deportaciones, según el Urban Institute.