Horas después de enfrentar en tribunales a la administración Trump por la congelación de 2.200 millones de dólares en fondos federales, la Universidad de Harvard anunció una medida simbólica: el cambio de nombre de su oficina de diversidad, equidad e inclusión (DEI), en lo que parece ser un intento de adaptarse parcialmente a las exigencias del Gobierno.
El anuncio fue realizado por Sherri Ann Charleston, hasta ahora directora de la Oficina de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia, quien comunicó por correo electrónico a la comunidad universitaria que la entidad pasará a llamarse “Comunidad y Vida en el Campus”. La medida, que busca “cultivar una cultura de pertenencia como una experiencia vivida para todos”, responde también a los cuestionamientos federales sobre los programas DEI en instituciones educativas.
Este cambio ocurre en un contexto de creciente hostilidad desde la Casa Blanca hacia las políticas de diversidad en el ámbito académico, impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha calificado estas iniciativas como “discriminatorias e inmorales”.
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Universidad de Harvard enfrenta amenazas por sus políticas DEI
La palabra clave “políticas DEI” ha ganado protagonismo en el discurso político estadounidense. El caso de Harvard es paradigmático: además de la disputa judicial por los fondos bloqueados, la administración Trump ha señalado directamente a varias prácticas internas de la universidad como objeto de escrutinio.
Un ejemplo claro fue la decisión de Harvard de dejar de organizar y financiar ceremonias de graduación de grupos de afinidad, luego de que el Departamento de Educación advirtiera que ese tipo de actos podrían ser interpretados como divisivos en función de la raza. Esta modificación fue informada por el diario universitario The Harvard Crimson, citando el mismo correo enviado por Charleston a los grupos involucrados.
Además, el Departamento de Justicia anunció una investigación sobre la revista Harvard Law Review, a raíz de denuncias sobre supuestos criterios raciales en su proceso de selección de artículos. Según Craig Trainor, subsecretario interino de Derechos Civiles, el proceso editorial “parece priorizar la raza sobre el mérito”.
Fotografía de archivo de un grupo de personas que asiste a una marcha en el Día Nacional de Acción por la Educación Superior en Foley Square en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). EFE/EPA/Sarah Yenesel
Harvard resiste la presión política contra las políticas DEI
Pese a estos ajustes simbólicos, Harvard ha mantenido una postura firme ante las presiones de la administración Trump. El presidente interino de la universidad, Alan Garber, aseguró en una carta pública que la institución “no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”. Harvard sostiene que los intentos del Gobierno de imponer cambios en sus políticas DEI y otros aspectos académicos constituyen una violación de la Primera Enmienda y de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946.
La demanda presentada por la universidad alega que el congelamiento de fondos es un intento de coacción y que Washington está actuando de forma “arbitraria y caprichosa”. La disputa legal se resolverá en los tribunales federales, con audiencias orales programadas para el 21 de julio.
Mientras tanto, Harvard ha sido señalada como una “amenaza para la democracia” por el propio presidente Trump, quien también ha cuestionado el estatus fiscal de la institución y su capacidad de acoger estudiantes internacionales. Esto ha generado preocupación sobre el impacto que esta ofensiva puede tener en la atracción de talento global y en la libertad académica en Estados Unidos.
Fotografía de archivo de un grupo de personas que asiste a una marcha el Día Nacional de Acción por la Educación Superior en Foley Square en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). EFE/EPA/Sarah Yenesel
Políticas DEI, en el centro del debate sobre educación superior
El caso de Harvard no es aislado. La Universidad de Columbia, por ejemplo, fue la primera en sufrir recortes significativos por parte del Gobierno tras las protestas propalestinas en su campus. La administración Trump retiró 400 millones de dólares a Columbia y exigió medidas como la vigilancia de sus programas académicos y la prohibición del uso de mascarillas en protestas.
A diferencia de Harvard, Columbia accedió inicialmente a varias exigencias, aunque sigue negociando para recuperar sus fondos. Su actual presidenta ha afirmado que no firmará ningún acuerdo que comprometa la independencia institucional.
En medio de esta ofensiva, otras universidades de prestigio como Princeton, Brown y Cornell también han sido amenazadas. Esto ha provocado una respuesta coordinada del sector, con cientos de presidentes universitarios firmando una carta en defensa de la autonomía académica.
