Gobierno de Trump insiste en eliminar ciudadanía por nacimiento
El gobierno del presidente Donald Trump redobló su ofensiva este miércoles al presionar a un tribunal federal de apelaciones para que revoque el fallo que impide poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La audiencia ante el Noveno Circuito representa un momento clave en la batalla legal sobre una de las políticas migratorias más controversiales del actual mandato.
El Departamento de Justicia pidió a los tres jueces del panel que anulen la orden del juez federal John Coughenour, quien en febrero bloqueó a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial. La política en cuestión busca negar el reconocimiento de ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense de padres que estén de forma ilegal o temporal en el país.
La Casa Blanca argumenta límites en la Enmienda 14
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Durante la audiencia, que se llevó a cabo en Seattle, el abogado del Departamento de Justicia, Eric Dean McArthur, argumentó que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda no garantiza automáticamente la nacionalidad a todos los nacidos en Estados Unidos. “Nuestra posición está firmemente basada en el texto, la historia y el precedente”, afirmó McArthur. “La Enmienda establece un piso, no un techo”, insistió, sugiriendo que el Congreso podría restringir el derecho bajo ciertos criterios.
Parte del debate se centró en si el fallo de Coughenour debe seguir aplicándose a nivel nacional o si su alcance debe limitarse a los estados demandantes. Los jueces también cuestionaron la falta de claridad sobre cómo el gobierno implementaría la medida en caso de que se levante el bloqueo.
McArthur reconoció que no existe una guía oficial debido a que las órdenes judiciales vigentes han impedido desarrollar un protocolo claro. “Uno de los problemas es que la orden judicial ha impedido al Gobierno incluso explicar cómo se implementaría esta política”, dijo el abogado. La falta de directrices concretas sobre grupos como solicitantes de asilo o refugiados fue uno de los puntos más debatidos.
Juez designado por Trump expresa simpatía por el argumento oficial
El juez Patrick J. Bumatay, nominado por Trump al Noveno Circuito, se mostró receptivo a los argumentos del gobierno. Durante la audiencia, cuestionó si la jurisprudencia de la Corte Suprema del siglo XIX ofrecía una lectura más limitada del alcance de la Enmienda 14. También interrogó a los abogados de los estados demandantes sobre la necesidad de mantener el fallo con efecto nacional.
“Los daños a los estados que resultarían de una regla fragmentada son los mismos que los que provocaría la propia regla”, replicó Noah Purcell, procurador general del estado de Washington. Purcell advirtió que si la política entrara en vigor solo en algunos estados, miles de niños nacidos en EE.UU. quedarían sin número de Seguro Social ni acceso a programas públicos, lo que tendría un impacto directo en estados receptores.
La Corte Suprema aún no define si permitirá aplicación parcial
Mientras el tribunal de apelaciones escucha los argumentos, la Corte Suprema analiza si debe intervenir para permitir que Trump comience a aplicar parcialmente la medida mientras continúan los procesos legales. Por ahora, la política sigue bloqueada por fallos emitidos no solo en Seattle, sino también por cortes federales de apelaciones en Boston y Richmond, que se han pronunciado en contra de su aplicación.
La orden ejecutiva en disputa, titulada “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, busca impedir que el gobierno emita certificados de ciudadanía a bebés nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados o residentes temporales. La administración Trump sostiene que esta medida es clave para frenar el “turismo de nacimiento” y restaurar el control migratorio, aunque críticos argumentan que se trata de una violación directa de la Constitución.
Un fallo que podría alterar el derecho de nacimiento en EE.UU.
Si el gobierno logra imponer su visión, se alteraría profundamente el concepto de ciudadanía automática por nacimiento, vigente desde 1868. El caso está generando un debate nacional sobre los límites de la autoridad presidencial y el alcance real de la Enmienda 14, en un contexto político marcado por la dureza del enfoque migratorio de la administración Trump.