Una creciente preocupación en Florida ha surgido tras la reciente ratificación de un acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el condado de Orange, que permitirá a los oficiales locales asistir en la detención y deportación de inmigrantes.
El pasado 25 de marzo, los comisionados del condado aprobaron, con una votación de 5-2, un memorando que autoriza a los oficiales de correcciones del condado a desempeñar funciones de agentes de inmigración, incluyendo la transferencia de personas indocumentadas a ICE para su deportación. Este acuerdo, que ha sido impulsado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, ha generado inquietud entre las comunidades inmigrantes y defensores de los derechos humanos.
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El acuerdo forma parte de un esfuerzo más amplio del estado para cumplir con las leyes migratorias federales, y Orange se convirtió en el último de los 67 condados de Florida en ratificar este tipo de convenio. Según el alcalde Jerry Demings, ICE ha informado que existen alrededor de 10,000 órdenes de deportación activas para residentes del condado, una cifra que podría aumentar a 20,000 en las próximas semanas. Sin embargo, la decisión no fue unánime. La comisionada del Distrito 1, Nicole Wilson, quien votó en contra, expresó su preocupación por el impacto en el debido proceso para los detenidos, afirmando: «Esto se siente como el estado de ‘muestra tus papeles’, no como el estado libre de Florida».
El programa, conocido como Warrant Service Officer (WSO), permite a los oficiales del condado entrenados por ICE ejecutar órdenes de deportación y transferir a inmigrantes indocumentados que estén bajo custodia local. Esta medida se alinea con las directrices de DeSantis, quien ha insistido en que todas las agencias locales deben cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para hacer cumplir las leyes migratorias, bajo amenaza de sanciones penales y pérdida de fondos estatales para quienes se nieguen.
Impacto en las comunidades inmigrantes
La preocupación en Florida se centra en cómo este acuerdo podría afectar a las comunidades inmigrantes, especialmente a los más vulnerables. Según Demings, entre los afectados hay incluso niños en edad preescolar que están en proceso de obtener un estatus migratorio legal, pero que podrían ser detenidos o deportados injustamente. Más de 30 organizaciones de derechos humanos, como el Hope CommUnity Center y la coalición Immigrants Are Welcome Here, han condenado la decisión, argumentando que convierte a los oficiales del condado en agentes de ICE, lo que podría aumentar el miedo y la desconfianza en las comunidades inmigrantes.
El acuerdo también plantea preguntas financieras. Actualmente, ICE paga al condado $88 por detenido por día, pero los costos operativos ascienden a $141, dejando a los contribuyentes locales con una carga adicional de $53 por día. Los comisionados han prometido revisar las políticas de la cárcel en las próximas semanas y presentarán recomendaciones el 22 de abril, con el objetivo de mejorar la recopilación de datos sobre arrestos de ICE y garantizar la precisión de la información proporcionada por la agencia federal.
Florida: Presión estatal y federal
La preocupación en Florida también se deriva de la presión ejercida por el estado y el gobierno federal. DeSantis ha sido claro en su postura, amenazando con sanciones a los gobiernos locales que no cooperen con ICE. Según el sheriff del condado de Orange, John Mina, el objetivo principal es «sacar de las calles a los miembros de pandillas violentas que aterrorizan a nuestras comunidades». Sin embargo, los críticos argumentan que las detenciones no siempre se limitan a criminales peligrosos, y que el programa podría llevar a arrestos masivos de inmigrantes que no representan una amenaza.
El DHS ha intensificado sus operaciones en todo el país, y Florida no es la excepción. En un operativo reciente en Orlando, el director interino de ICE, Todd Lyons, anunció los primeros arrestos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que otorga poderes ampliados para la deportación de inmigrantes indocumentados. Estas acciones han generado temores de que las detenciones se incrementen significativamente en los próximos meses, especialmente en condados como Orange, donde la población inmigrante es considerable.
¿Qué sigue para el condado de Orange?
A medida que crece la preocupación en Florida, los líderes del condado de Orange enfrentan el desafío de equilibrar las exigencias legales con las necesidades de sus comunidades. La comisionada Kelly Semrad, quien también votó en contra del acuerdo, señaló que aún hay muchas preguntas sin responder, incluyendo los costos a largo plazo para los contribuyentes y el impacto en los recursos humanos del condado. Mientras tanto, los defensores de los inmigrantes planean continuar su lucha, exigiendo mayor transparencia y protección para las familias afectadas.
El próximo 22 de abril, los comisionados se reunirán nuevamente para discutir los detalles operativos del acuerdo y evaluar posibles ajustes. Por ahora, las comunidades inmigrantes del condado de Orange viven con incertidumbre, mientras las autoridades locales y federales avanzan con una de las políticas migratorias más estrictas en la historia reciente de Florida.
