El gobierno de EE.UU. ha advertido que tomará medidas drásticas contra el régimen de Nicolás Maduro si este se niega a aceptar los vuelos de deportación de migrantes venezolanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el país sudamericano está «obligado a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos» y que el incumplimiento de este compromiso podría acarrear «nuevas sanciones severas».
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Venezuela está obligada a recibir a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos, enfatizando que este no es un tema sujeto a debate ni negociación. Rubio subrayó que cualquier negativa por parte del régimen de Maduro podría resultar en sanciones severas y crecientes.
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Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países, especialmente después de que la administración Trump revocara concesiones otorgadas previamente al régimen venezolano, incluyendo la licencia a la petrolera Chevron para operar en Venezuela.
Reanudación y suspensión de vuelos de deportación
El enviado especial de Estados Unidos para Misiones Especiales, Richard Grenell, anunció recientemente que Venezuela había acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que infringieron las leyes de inmigración estadounidenses e ingresaron ilegalmente al país. Sin embargo, esta cooperación se vio amenazada cuando el régimen de Maduro consideró suspender estos vuelos en represalia por las acciones de la administración Trump, poniendo en duda la continuidad del proceso de deportación.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
En una medida controvertida, el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Esta ley, que otorga amplios poderes al ejecutivo en tiempos de guerra, no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial. La administración argumenta que muchos miembros de esta organización han ingresado ilegalmente a Estados Unidos y representan amenazas a la seguridad.
Desafíos legales y tensiones diplomáticas
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado desafíos legales significativos. Un juez federal emitió una orden para bloquear la deportación de casi 300 venezolanos a El Salvador, argumentando la falta de pruebas concretas sobre su afiliación a organizaciones criminales. Sin embargo, la administración Trump procedió con las deportaciones, alegando que los aviones ya habían salido de la jurisdicción estadounidense, lo que ha desatado una confrontación constitucional entre el poder ejecutivo y el judicial.
Estas acciones han tensado aún más las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno venezolano ha condenado las deportaciones, calificándolas de «secuestros» y buscando formas de repatriar a sus ciudadanos. Familiares de los deportados han expresado su preocupación, afirmando que sus seres queridos han desaparecido del sistema de seguimiento de detenidos de Estados Unidos después de ser trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Impacto en la comunidad venezolana en EE.UU.
La reciente revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos por parte de la administración Trump ha generado incertidumbre y temor en la comunidad venezolana en Estados Unidos. Esta medida elimina la protección contra la deportación y el derecho a trabajar en el país, dejando a miles en una situación legal precaria.
La decisión ha sido criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes y legisladores, quienes argumentan que muchos de estos migrantes huyen de la persecución y la opresión en Venezuela. La posibilidad de enfrentar sanciones adicionales por parte de Estados Unidos si Venezuela no acepta a sus ciudadanos deportados añade una capa más de complejidad a la ya tensa relación entre ambos países.
La amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos al régimen de Maduro por el rechazo a las deportaciones refleja la creciente tensión en las relaciones bilaterales. Las recientes medidas de la administración Trump, incluyendo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros y la revocación del TPS, han generado controversia y desafíos legales. La comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta una situación incierta, mientras que las relaciones diplomáticas entre ambos países continúan deteriorándose.
