El presidente Donald Trump pidió este viernes 16 de mayo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoque el veto a los despidos masivos impuesto por una jueza federal de California, solicitando una suspensión inmediata mientras el caso se resuelve. La petición, presentada por el fiscal general John Sauer, busca anular la orden de la jueza Susan Illston, quien el 9 de mayo bloqueó temporalmente los recortes masivos en la plantilla federal impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Este movimiento representa un nuevo capítulo en la estrategia de la administración para reducir el tamaño del gobierno, liderada por Trump junto con el magnate Elon Musk, enfrentándose a obstáculos legales en los tribunales.
La orden de Illston, emitida desde el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, exige al gobierno documentar adecuadamente los despidos y obtener la aprobación del Congreso para reformas de gran escala, argumentando que el presidente no tiene autoridad unilateral para realizar tales recortes. La administración, sin embargo, sostiene que esta decisión limita su capacidad de gestionar las agencias ejecutivas, calificándola de «extraordinaria» y fuera de base legal. El caso ha generado tensiones, especialmente después de que Trump criticara al Supremo en Truth Social, acusándolo de ser manipulado por «la izquierda radical».
Despidos masivos: El trasfondo del veto judicial
El veto a los despidos masivos surgió tras una demanda presentada por sindicatos y organizaciones que cuestionaron la legalidad de los recortes iniciados en febrero de 2025. La jueza Illston determinó que los despidos, que afectaron inicialmente a empleados en período de prueba, requerían un proceso formal y la autorización legislativa, no solo una orden ejecutiva. Este fallo detuvo planes que buscaban reducir la fuerza laboral federal, estimada en 2.4 millones de personas, con un enfoque inicial en los más de 200,000 trabajadores en período de prueba.
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El Departamento de Eficiencia Gubernamental, bajo la dirección de Musk, había propuesto recortes masivos como parte de una iniciativa para optimizar el gasto público. Sin embargo, la jueza destacó que las agencias no presentaron la documentación necesaria, lo que llevó a la suspensión temporal de las medidas. Este revés ha complicado los objetivos de la administración, que planeaba eliminar cientos de miles de puestos, especialmente en departamentos como Defensa y Asuntos de Veteranos.
La apelación al Supremo y reacciones
La solicitud al Tribunal Supremo busca acelerar el proceso, saltando las instancias inferiores para llegar a una corte con mayoría conservadora que podría favorecer a Trump. El fiscal general Sauer argumentó que la orden de Illston obstaculiza las funciones ejecutivas, pidiendo una resolución rápida para permitir la continuación de los despidos. La administración sostiene que los recortes son esenciales para reducir el gasto federal, que supera los 271,000 millones de dólares anuales en salarios de empleados civiles.
El caso ha generado división. Mientras algunos apoyan la iniciativa de reducir el tamaño del gobierno, otros temen el impacto en servicios esenciales, como la atención a veteranos y la prevención de incendios en California. El Departamento de Justicia ha indicado que el litigio podría extenderse, especialmente si el Supremo no resuelve pronto. Por su parte, Trump intensificó sus críticas al sistema judicial, afirmando que busca proteger los intereses del país frente a lo que llama «intimidación política». La batalla legal promete mantenerse en el centro de atención mientras el Supremo delibera.
Perspectivas y próximos pasos
El Tribunal Supremo ahora enfrenta la presión de decidir si permite a Trump avanzar con su plan de despidos masivos o si respalda la exigencia de Illston de un proceso más regulado. Esta no es la primera vez que el alto tribunal interviene en políticas de la administración; en abril, suspendió una orden que obligaba a reincorporar a miles de empleados despedidos. La decisión podría tener implicaciones de largo alcance, afectando no solo a los trabajadores federales sino también a las operaciones gubernamentales en todo el país.
Las agencias federales, incluyendo las de Salud y Servicios Humanos, que ya despidieron a 10,000 empleados en abril, esperan claridad para ajustar sus planes. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha comenzado a preparar argumentos adicionales, y se espera que el caso se discuta en las próximas semanas. La controversia sigue creciendo, con opiniones divididas sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental y protección laboral.
