El presidente Donald Trump ha solicitado nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita continuar con su ambicioso plan de reducir la fuerza laboral federal, luego de que una corte de apelaciones se negara a congelar la decisión de una jueza que bloqueó los recortes.
La medida fue impulsada por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una entidad creada durante su administración con la finalidad de reformar el aparato estatal. La estrategia ha sido criticada por afectar servicios esenciales para millones de ciudadanos, entre ellos programas de salud para veteranos, seguridad alimentaria y beneficios sociales.
El conflicto legal se intensificó luego de que la jueza federal Susan Illston, con sede en California, dictaminara que el gobierno no puede implementar cambios significativos en el tamaño de la fuerza laboral sin aprobación expresa del Congreso. Su fallo, emitido el mes pasado, detuvo temporalmente la ejecución de una orden presidencial firmada por Trump en febrero de este año.
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Fotografía de archivo de una bandera de Estados Unidos frente a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en Washington. EFE/EPA/ Graeme Sloan
Reducción de la fuerza laboral federal preocupa a ciudades y sindicatos
La intención de reducir la fuerza laboral federal generó una ola de protestas por parte de sindicatos y gobiernos locales, que han presentado demandas para frenar los despidos. Ciudades como Baltimore, Chicago y San Francisco figuran entre los principales demandantes, al advertir que los recortes afectarían directamente a sus comunidades.
La administración Trump ha sostenido que los cambios son necesarios para garantizar la eficiencia del aparato gubernamental. En su nueva apelación, el procurador general D. John Sauer afirmó que el presidente no requiere una autorización estatutaria explícita del Congreso para ejercer sus atribuciones administrativas. “El fallo de la jueza Illston se basa en una interpretación errónea del poder ejecutivo”, declaró Sauer en el documento.
Los recortes ya han tenido un impacto considerable. Aunque el gobierno no ha publicado cifras oficiales, se estima que al menos 75.000 empleados federales aceptaron un plan de renuncia diferida, mientras miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.
Entre las agencias afectadas se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Interior, Tesoro, Estado, Trabajo y Asuntos de Veteranos. También se vieron involucradas la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Fundación Nacional de Ciencias y la Administración del Seguro Social.
La jueza Illston, designada por el expresidente demócrata Bill Clinton, ordenó a estas entidades suspender toda aplicación de la orden ejecutiva emitida por Trump y de un memorando posterior elaborado por el DOGE junto a la Oficina de Gestión de Personal.
Trabajadores despedidos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en una protesta en Massachusetts (EE.UU.) en febrero de este año. EFE/EPA/Cj Gunther
Fuerza laboral federal: incertidumbre para miles de trabajadores
La situación de los trabajadores despedidos o forzados a dejar sus cargos sigue sin resolverse. En un caso paralelo, el juez federal William Alsup ordenó al gobierno reincorporar a los empleados en período de prueba despedidos en masa, aunque la Corte Suprema bloqueó esa decisión poco después. Este vaivén judicial ha dejado a miles de personas en el limbo laboral, sin saber si volverán a sus puestos o perderán definitivamente sus empleos.
El impacto de esta estrategia va más allá de las oficinas federales. Diversos analistas advierten que la reducción de la fuerza laboral federal puede tener consecuencias severas en sectores clave como la atención médica, la inspección de alimentos y la protección ambiental. La falta de personal capacitado en estos ámbitos podría derivar en demoras, pérdida de calidad y fallos en la supervisión.
Otro aspecto relevante ha sido la participación de Elon Musk, quien fue designado por Trump para liderar el DOGE. Aunque su nombramiento fue visto como un movimiento simbólico para acelerar las reformas, Musk abandonó el cargo la semana pasada, en medio de tensiones internas y falta de consenso sobre la viabilidad del plan.
A pesar del fallo judicial y las críticas públicas, Trump ha insistido en que los votantes le otorgaron un mandato para “limpiar el gobierno” y eliminar el “exceso de burocracia”. La petición actual ante la Corte Suprema es parte de una serie de apelaciones de emergencia que buscan restituir su orden ejecutiva.
La Corte ha dado plazo hasta el próximo lunes para que los demandantes, incluidos sindicatos y gobiernos locales, presenten sus respuestas formales. Mientras tanto, el destino de decenas de miles de trabajadores, que representan la fuerza laboral federal, y la estructura del gobierno siguen en suspenso.