Un grupo de 16 estados y el Distrito de Columbia ha emprendido una batalla legal por los gatillos aceleradores contra la administración del presidente Donald Trump, luego de que su gobierno acordara levantar las restricciones sobre estos dispositivos. La demanda, presentada este lunes en un tribunal federal de Maryland, cuestiona la legalidad de un reciente acuerdo del Departamento de Justicia que autoriza la venta de los disparadores de reinicio forzado (forced reset triggers) y obliga al gobierno a devolverlos a sus antiguos propietarios.
Estos dispositivos permiten que los rifles semiautomáticos disparen a velocidades cercanas a las de una ametralladora, lo que genera preocupación entre las autoridades estatales y organizaciones civiles que denuncian el aumento de la violencia armada en el país.
Batalla legal por los gatillos aceleradores involucra a 16 estados
La batalla legal por los gatillos aceleradores está siendo liderada por los fiscales generales de Delaware, Maryland y Nueva Jersey. A ellos se suman otros 13 estados: Colorado, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
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Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Los demandantes sostienen que la decisión del gobierno federal de permitir nuevamente la comercialización de estos dispositivos viola la ley de armas de fuego de Estados Unidos, pone en riesgo a las comunidades y obstaculiza los esfuerzos de los cuerpos policiales. En la demanda se argumenta que los disparadores representan un peligro para la seguridad pública, especialmente cuando son utilizados en armas tipo AR-15, ampliamente empleadas en tiroteos masivos.
“El acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el fabricante de estos dispositivos ignora por completo las consecuencias devastadoras que pueden tener para nuestras comunidades”, expresó Kathy Jennings, fiscal general de Delaware.
¿Qué son los gatillos aceleradores y por qué son polémicos?
El objeto de la batalla legal por los gatillos aceleradores son los llamados disparadores de reinicio forzado, un tipo de mecanismo que sustituye al gatillo convencional en rifles semiautomáticos. Su diseño permite que el arma dispare múltiples rondas con un solo movimiento repetido del dedo, lo que incrementa drásticamente la velocidad de disparo y hace que el arma funcione de manera similar a una ametralladora automática.
Durante la administración de Joe Biden, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) clasificó estos dispositivos como ilegales, argumentando que su funcionamiento viola la Ley Nacional de Armas de Fuego. Como resultado, miles de estos gatillos fueron confiscados o entregados voluntariamente al gobierno por sus propietarios.
Foto: EFE
Sin embargo, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump alcanzó un acuerdo con la empresa Rare Breed Triggers, fabricante de estos dispositivos, permitiendo su venta nuevamente. El acuerdo también obliga a la ATF a devolver todos los dispositivos incautados previamente.
El abogado David Warrington, actual asesor legal de la Casa Blanca, representó anteriormente a la compañía en sus disputas legales con el gobierno federal, lo que ha generado sospechas sobre un posible conflicto de intereses en el manejo del caso.
Batalla legal por los gatillos aceleradores refleja tensiones sobre el control de armas
La batalla legal por los gatillos aceleradores también se enmarca en el contexto de una política nacional cada vez más polarizada en torno al control de armas. Grupos proarmas han celebrado el acuerdo como una victoria para la Segunda Enmienda, mientras que organizaciones de prevención de la violencia armada lo ven como un retroceso.
El Centro Legal Brady, dedicado a la defensa del control de armas, afirmó que permitir nuevamente estos dispositivos podría incrementar la letalidad de futuros tiroteos masivos. “Estamos hablando de instrumentos que convierten un arma legal en una máquina de matar”, indicó un portavoz del grupo.
Los estados que presentaron la demanda esperan que el tribunal revoque el acuerdo y restablezca las restricciones impuestas durante el gobierno anterior. Argumentan que las consecuencias de permitir estos dispositivos son graves e irreversibles.
Por su parte, la Casa Blanca defiende el acuerdo, argumentando que no existe una prohibición explícita en la legislación federal sobre los disparadores de reinicio forzado, y que la medida simplemente corrige lo que consideran una interpretación excesiva por parte de la ATF bajo el gobierno anterior.
La batalla legal por los gatillos aceleradores probablemente escalará a otras instancias judiciales en los próximos meses, y se perfila como uno de los casos más emblemáticos del debate actual sobre armas y seguridad pública en Estados Unidos.