La administración del presidente Donald Trump enfrenta una demanda por negar asesoría legal a migrantes detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en Florida, generando 16.8 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, organizaciones como la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice alegan violaciones al debido proceso. En consecuencia, las condiciones “inhumanas” del centro, ubicado en los Everglades, han intensificado las críticas. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional defiende la instalación como necesaria para la seguridad fronteriza.
Restricciones al acceso legal
La demanda, presentada el 16 de julio de 2025 en un tribunal federal de Miami, denuncia que los migrantes en Alligator Alcatraz no pueden reunirse con abogados ni presentar documentos para su liberación, según la ACLU. Por su parte, las autoridades han prohibido visitas legales, comunicaciones confidenciales por teléfono o video y el intercambio de documentos escritos. En consecuencia, los detenidos, que suman 2,300 según ICE, enfrentan procesos de deportación sin representación adecuada. Además, el 85% de los migrantes en centros de detención carece de abogado, según un informe de la Universidad de Syracuse.
Condiciones inhumanas en el centro
Ubicado en un antiguo aeródromo a 80 kilómetros de Miami, Alligator Alcatraz fue construido en dos semanas en un humedal infestado de caimanes y pitones, según NBC News. Por lo tanto, los migrantes denuncian temperaturas de hasta 38 °C, inundaciones en tiendas improvisadas, y escasez de agua potable y comida, según la ACLU. En consecuencia, los inodoros desbordados obligan a los detenidos a limpiarlos manualmente, y la falta de ventilación agrava las condiciones, según Americans for Immigrant Justice. Además, un brote de enfermedades transmitidas por mosquitos afectó al 20% de los detenidos, según reportes médicos internos.
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Denuncias de violaciones a derechos
Los demandantes alegan que las restricciones violan la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso, y la Primera Enmienda, por limitar la libertad religiosa, según documentos judiciales. Por su parte, Eunice Cho, abogada de la ACLU, calificó el centro como un “capítulo oscuro” impulsado por “un odio desenfrenado”. En consecuencia, la demanda busca una orden judicial para garantizar acceso legal y mejorar las condiciones. Además, el 70% de los estadounidenses desaprueba las detenciones masivas, según una encuesta de Pew Research, reflejando el rechazo a estas políticas.
Contexto de la política migratoria de Trump
Desde enero de 2025, la administración Trump ha intensificado los operativos de ICE, deteniendo a 51,302 migrantes hasta junio, según el Transactional Records Access Clearinghouse. Por lo tanto, Alligator Alcatraz, con capacidad para 3,000 personas, es parte de un plan para expandir centros de detención, según The Washington Post. En consecuencia, el presupuesto de ICE creció a $30 mil millones para 2026, superando al del FBI, según El Confidencial. Sin embargo, la subsecretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, defendió las instalaciones, afirmando que “garantizan la seguridad nacional”.
Reacciones de la comunidad
Organizaciones como Florida Keys Immigration y Sanctuary of the South han documentado casos de detenidos, como una madre guatemalteca separada de su hijo de 8 años, según Telemundo. Por su parte, la arquidiócesis de Miami exigió acceso humanitario al centro, denunciando la negación de derechos religiosos. En consecuencia, protestas en Miami el 15 de julio reunieron a 1,200 personas, según Local 10 News. Además, Amnistía Internacional calificó las condiciones de Alligator Alcatraz como “crueles e inhumanas”, exigiendo su cierre inmediato, según un informe de julio.
Implicaciones legales y políticas
La demanda podría sentar un precedente sobre los derechos de los migrantes en detención, según expertos legales de la Universidad de Miami. Por lo tanto, si el tribunal falla a favor de los demandantes, ICE podría verse obligado a permitir visitas legales y mejorar las condiciones en 90 días, según la ACLU. En consecuencia, el caso ha avivado el debate sobre las políticas migratorias de Trump, con el senador Marco Rubio defendiendo los operativos como “necesarios” para frenar la inmigración ilegal. Además, el 62% de los floridanos apoya medidas migratorias estrictas, según una encuesta de Rasmussen Reports, aunque la oposición crece entre los demócratas.