La orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento, que busca negar la nacionalidad estadounidense a los hijos de personas en situación migratoria irregular, sigue bloqueada tras un fallo reciente en Nueva Hampshire. La medida, que ha sido ampliamente criticada por organizaciones defensoras de derechos civiles y gobiernos estatales, enfrenta un nuevo obstáculo: la entrada en vigor de una orden judicial emitida por el juez federal Joseph LaPlante.
LaPlante había pausado inicialmente su decisión para permitir que el gobierno apelara. Sin embargo, al no presentarse ninguna apelación en el plazo establecido, su fallo entró automáticamente en vigor. Según Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), esta decisión protege a todos los niños cuya ciudadanía fue puesta en duda por la orden ejecutiva de Trump.
“El gobierno no ha apelado ni ha buscado un recurso de emergencia, por lo que esta orden judicial ahora entra en vigor en todo el país”, sostuvo Wofsy. Aunque el gobierno todavía podría apelar o pedir que se limite el alcance de la orden, por el momento no puede implementarse.
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Estados se oponen a la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
Mientras tanto, un juez federal en Boston, Leo Sorokin, evaluó una audiencia con representantes de más de una docena de gobiernos estatales que solicitan bloquear permanentemente la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento. Los estados argumentan que la medida es inconstitucional y amenaza con eliminar millones de dólares destinados a servicios básicos.
Imagen referencial de un bebé celebrando la nacionalidad norteamericana. Foto: X/@Andresevd
Durante la audiencia, los abogados estatales pidieron que se mantenga la orden judicial nacional otorgada por Sorokin o que, en su defecto, se rechace la solicitud del gobierno de limitar su alcance. Aunque el juez no emitió una decisión final, pareció mostrar disposición a respaldar a los estados demandantes.
El Departamento de Justicia defendió que cualquier orden judicial debería limitarse a los efectos financieros alegados por los estados y no extenderse a nivel nacional. A pesar de ello, los jueces han mostrado escepticismo sobre la viabilidad de aplicar medidas tan restringidas, especialmente debido a los desafíos administrativos y las posibles consecuencias sociales.
Críticas al plan de Trump y preocupaciones por efectos administrativos
Los opositores a la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento han señalado que el plan del presidente implicaría imponer nuevas cargas administrativas sobre los estados. Una de las propuestas del gobierno sería permitir la emisión de números de seguro social sin otorgar ciudadanía, lo que podría generar confusión y conflictos legales para las familias afectadas.
Los demandantes advierten que implementar ese tipo de sistema resultaría costoso e impráctico. Además, temen que algunos estados se conviertan en destinos para familias que buscan conservar ciertos beneficios, lo que provocaría desigualdades entre jurisdicciones.
El abogado del gobierno Eric Hamilton no ofreció detalles concretos sobre cómo funcionaría una versión limitada de la medida, y simplemente aseguró que cumplirían con cualquier resolución del tribunal. El juez Sorokin, por su parte, criticó la falta de claridad del gobierno, utilizando incluso una analogía para ilustrar la indefinición de sus argumentos.
Presidente Donald Trump y su polémica ley sobre la ciudadanía por nacimiento. Foto de archivo: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
La orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento y la 14ta Enmienda
La disputa legal se centra en la interpretación de la 14ta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. Esta enmienda garantiza que todas las personas nacidas en el país, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos estadounidenses.
El gobierno de Trump ha argumentado que los hijos de personas sin estatus legal no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, y por lo tanto no deberían tener derecho a la ciudadanía automática. Sin embargo, múltiples tribunales han rechazado esta interpretación, al considerarla contraria a la tradición constitucional y a precedentes legales.
La Corte Suprema no ha emitido aún un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la orden. Sin embargo, ha señalado que los tribunales inferiores, como regla general, no pueden emitir órdenes judiciales de alcance nacional, aunque ha dejado abierta la posibilidad de excepciones, como en demandas colectivas o en casos presentados por estados.
La decisión judicial mantiene sin efecto la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
El fallo del juez LaPlante, junto con las posturas de otros jueces como Sorokin y una magistrada en Maryland, consolidan una barrera significativa contra la implementación de la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento. De hecho, la jueza en Maryland afirmó esta semana que replicaría la medida de LaPlante si una corte de apelaciones le da luz verde.
Por ahora, la ciudadanía automática para niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal permanece vigente. El debate, sin embargo, podría regresar a la Corte Suprema, donde se espera un examen más profundo sobre los límites del poder ejecutivo en temas migratorios y los alcances de la 14ta Enmienda.