Una coalición de veinte fiscales generales estatales demandó este miércoles al presidente Donald Trump por eliminar un programa clave de prevención de desastres naturales que había sido gestionado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La querella, presentada ante un tribunal federal en Massachusetts, busca frenar lo que consideran una acción “ilegal” y “peligrosa” para la seguridad pública en múltiples estados.
El programa afectado es el de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC, por sus siglas en inglés), el cual proporciona miles de millones de dólares para que los estados preparen sus comunidades ante riesgos climáticos y otros desastres naturales como huracanes, incendios forestales, inundaciones y terremotos.
Fotografía de archivos de funcionarios proporcionando agua, lonas, alimentos y hielo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a residentes después de que el huracán Helene arrasara Valdosta, Georgia, EE.UU. EFE/EPA/ERIK S. LESSER
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La eliminación de fondos para la prevención de desastres naturales enciende las alarmas
La decisión del Gobierno de Trump de cancelar los fondos para la prevención de desastres naturales fue calificada por los fiscales como “devastadora”. Según el documento legal, la abrupta eliminación del programa BRIC obliga a cientos de comunidades a cancelar o aplazar proyectos de mitigación de riesgos en zonas vulnerables.
“En nombre de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, el presidente Trump y sus lacayos han vuelto a poner en peligro la seguridad pública con su recorte indiscriminado de los fondos para la mitigación de riesgos antes de un desastre”, declaró Rob Bonta, fiscal general de California, uno de los principales demandantes del caso.
The Trump Admin has again jeopardized public safety with their indiscriminate slashing of FEMA funding that helps protect our communities prepare for disasters.
We’re taking them to court.
Projects that protect us against landslides, earthquakes, floods, wildfires, and drought… pic.twitter.com/jJKTc6RX7j
— Rob Bonta (@AGRobBonta) July 16, 2025
Bonta agregó que California, históricamente el mayor receptor de estos fondos federales, se encuentra en una situación de “riesgo excepcional” debido a su exposición constante a incendios forestales y terremotos, por lo que la cancelación del programa “obstaculiza directamente el trabajo de prevención que salva vidas”.
Una demanda por la cancelación del programa BRIC
La demanda argumenta que la acción del presidente Trump viola los principios constitucionales al contradecir la decisión del Congreso, que había aprobado la financiación del programa BRIC con apoyo bipartidista. Según los demandantes, el Congreso nunca revocó ni redujo los fondos para la prevención de desastres naturales, por lo que su eliminación por orden ejecutiva representa un exceso de poder.
El programa BRIC fue lanzado oficialmente en 2020, pero su base se remonta a políticas aprobadas durante la administración de Bill Clinton y mantenidas por los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. Hasta este año, los fondos de BRIC eran considerados un pilar para construir comunidades resilientes y reducir el impacto económico y humano de desastres naturales.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, también firmante de la demanda, afirmó que el gobierno de Trump ha mostrado “una hostilidad abierta” hacia los estados al momento de brindar apoyo ante emergencias, en lo que calificó como un “desmantelamiento deliberado” del rol federal en materia de prevención.
Desastres recientes evidencian las consecuencias de quitar fondos
La controversia legal se produce días después de las mortales lluvias e inundaciones que afectaron al estado de Texas durante el festivo del 4 de julio. Más de 130 personas murieron y otras 100 continúan desaparecidas. En el condado de Kerr, donde se concentró el mayor número de víctimas, las autoridades locales denunciaron que no contaban con los recursos suficientes para emitir alertas de inundación.
Fotografía de archivo de personas recogiendo escombros en las zonas afectadas por las recientes inundaciones este miércoles, en Kerrville (EE.UU.). EFE/Octavio Guzmán
La tragedia en Texas ha sido citada por los fiscales como un ejemplo del impacto directo que tiene la falta de fondos federales para la prevención de desastres naturales. “La gente está muriendo por decisiones políticas irresponsables”, expresó un portavoz del Departamento de Emergencias de Texas.
Pese a la crisis, la Casa Blanca ha defendido la decisión de eliminar los fondos de FEMA. Según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional y responsable de FEMA, el Gobierno federal busca “empoderar a los funcionarios estatales y locales para que tomen las mejores decisiones para su gente”. Durante una visita a las zonas afectadas en Texas, Noem sostuvo que los estados deben asumir una mayor responsabilidad en la gestión de emergencias.
Apoyo bipartidista a los fondos de prevención de desastres naturales
A lo largo de casi tres décadas, los programas federales para prevenir desastres naturales han contado con respaldo político amplio. La cancelación del programa BRIC por parte de la administración Trump ha generado protestas no solo entre demócratas, sino también entre algunos republicanos locales que dependen de esos recursos.
“Estos fondos no son una dádiva, son una inversión que evita que los desastres naturales se conviertan en catástrofes humanas”, dijo el gobernador de Oregón, quien también respaldó la demanda presentada ante la corte federal.
Los estados que se sumaron a la acción legal son: California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Washington.
Algunos de estos estados, como Nueva York y Florida, enfrentan temporadas de huracanes cada año, mientras que otros como California y Arizona están constantemente expuestos a incendios forestales o sequías prolongadas. Todos, sin excepción, dependen del apoyo federal para poder desarrollar infraestructuras resilientes ante fenómenos climáticos extremos.