La administración de Donald Trump oficializó el recorte de fondos para un programa clave que brindaba asistencia legal a miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció el viernes pasado la terminación de un contrato con el Acacia Center for Justice, que proporcionaba representación legal a cerca de 26,000 menores que cruzaron la frontera sin padres o tutores. Esta decisión, efectiva a partir del 29 de marzo, deja a estos niños vulnerables frente a un sistema migratorio complejo, aumentando el riesgo de deportaciones rápidas en medio de la intensificación de las políticas antimigratorias del segundo mandato de Trump.
El programa, renovado anualmente desde su creación bajo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPRA), garantizaba que los niños inmigrantes tuvieran acceso a abogados para enfrentar audiencias de inmigración. Según datos del HHS, en 2024 se atendieron a más de 50,000 menores no acompañados en albergues federales, de los cuales más de la mitad dependían de este apoyo legal.
La portavoz del HHS, Emily G. Hilliard, afirmó que el departamento sigue cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos por la ley, pero no explicó cómo se protegerá a los menores sin este recurso crítico. La medida coincide con el despliegue de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que reportó 4,000 deportaciones en febrero.
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Niños inmigrantes enfrentan un futuro incierto
La eliminación de la asistencia legal impacta directamente a los niños inmigrantes que llegan huyendo de violencia, pobreza o desastres en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin representación, estos menores —muchos de entre 5 y 17 años— deben navegar solos un sistema judicial que no les garantiza un abogado público, a diferencia de los casos penales. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), bajo el HHS, liberó a unos 12,000 niños a patrocinadores en 2024, pero ahora enfrentan audiencias sin orientación legal, lo que podría resultar en órdenes de deportación inmediatas.
Organizaciones como el American Immigration Council han advertido que los menores sin abogado tienen una probabilidad cinco veces menor de ganar sus casos de asilo o permanecer legalmente en el país.
En estados como California y Texas, donde se concentran la mayoría de estos casos, autoridades locales reportan un aumento en la preocupación de familias patrocinadoras, temerosas de que los niños sean devueltos a situaciones de peligro. La congresista por Florida, María Elvira Salazar, expresó en un comunicado que esta decisión podría tener “consecuencias devastadoras” para comunidades que dependen de la integración de estos menores.
Niños inmigrantes en el foco de la política de Trump
El recorte es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para desmantelar programas migratorios heredados de la administración Biden. El DHS, liderado por la secretaria Kristi Noem, justificó la medida como un esfuerzo para redirigir recursos hacia la seguridad fronteriza, incluyendo el reciente despliegue de un segundo buque de guerra en la frontera con México. Noem afirmó el lunes que el enfoque está en “proteger a los ciudadanos estadounidenses primero”, aunque no detalló cómo se apoyará a los niños afectados tras la cancelación del programa.
La decisión ha generado reacciones inmediatas en la comunidad migrante. En Denver, la oficina del senador estatal Chris Hansen reportó un incremento en consultas de familias buscando alternativas legales para los menores bajo su cuidado.
Mientras tanto, el Acacia Center for Justice, que administraba el contrato de $200 millones, indicó que aún mantiene clínicas de orientación legal básicas, pero sin fondos para representación directa en cortes. Con el reloj corriendo hacia el fin del mes, los niños inmigrantes enfrentan un panorama sombrío, atrapados entre la burocracia y las promesas de una administración enfocada en reducir la inmigración a toda costa.