El Senado de Argentina protagonizó un momento histórico el jueves, cuando rechazó los pliegos de dos jueces propuestos por el presidente Javier Milei para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Los candidatos, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, fueron nombrados por decreto en febrero de 2025, durante el receso legislativo, en un intento por parte del Ejecutivo de saltear el debate parlamentario. Sin embargo, el rechazo en el Senado marcó un golpe significativo para el presidente y sus aspiraciones de modificar la composición del tribunal más importante del país.
El proceso de designación y el rechazo del Senado de Argentina
La situación comenzó a gestarse a principios de este año, cuando el presidente Milei, en un intento por completar la Corte Suprema, decidió nombrar a dos jueces mediante un decreto presidencial. Ariel Lijo, un juez federal, y Manuel García-Mansilla, un abogado con una ideología conservadora y antiabortista, fueron los elegidos por el Ejecutivo para ocupar las vacantes dejadas por la renuncia de Elena Highton de Nolasco y el retiro de Juan Carlos Maqueda.
El Gobierno de Milei justificó esta acción al señalar que la designación de los jueces era urgente y necesaria para evitar que la Corte quedara incompleta durante un período tan crucial. No obstante, el hecho de que el presidente hubiera hecho estas designaciones sin la aprobación previa del Senado, y en un contexto de creciente tensión política, levantó cuestionamientos sobre la legalidad y la legitimidad del procedimiento.
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La votación en el Senado, celebrada el 3 de abril, fue un contundente rechazo a las propuestas del presidente. Ariel Lijo fue rechazado por 43 votos en contra, mientras que Manuel García-Mansilla sufrió un revés aún mayor, con 51 votos en contra y solo 20 a favor. La decisión marcó un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Senado, además de evidenciar la división interna dentro de la coalición gobernante.
Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Cámara de Diputados de Argentina de una sesión de la Cámara este jueves, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Prensa Cámara de Diputados
La politización de la justicia y el rechazo institucional
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores en contra de los nombramientos fue el riesgo de politización de la justicia. La crítica apuntó a que los jueces propuestos por Milei no solo eran cercanos a su ideología política, sino que también carecían de la independencia necesaria para integrarse en el máximo tribunal del país. Esto fue señalado especialmente en el caso de García-Mansilla, un abogado que había manifestado públicamente sus posturas conservadoras sobre temas como el aborto y los derechos reproductivos.
Además, la forma en que el presidente intentó nombrar a los jueces mediante un decreto presidencial fue vista por muchos legisladores como un intento de sortear el proceso constitucional de aprobación por parte del Senado. Según la Constitución argentina, los jueces de la Corte Suprema deben ser nombrados por el presidente, pero deben obtener el acuerdo del Senado para asumir el cargo. Al nombrar a los jueces en comisión, sin la debida ratificación legislativa, el gobierno de Milei intentaba eludir el debate parlamentario, algo que fue considerado inconstitucional por varios senadores.
Lenin Nolly/EFE
El impacto en la relación entre el Ejecutivo y el Senado
El rechazo de los pliegos en el Senado también tuvo un impacto importante en las relaciones internas del gobierno. Aunque los senadores del PRO, principal aliado de Milei en el Congreso, votaron en su mayoría en contra de los nombramientos, la negativa a darles su apoyo refleja un malestar creciente en el seno de la coalición oficialista. El expresidente Mauricio Macri, líder del PRO, fue uno de los principales críticos de la política judicial de Milei, lo que dejó en evidencia las tensiones entre ambos.
Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también ocupa el cargo de presidenta del Senado, no intervino en la votación. Este hecho suscitó aún más especulaciones sobre el distanciamiento de Villarruel de las decisiones políticas de Milei, una situación que refleja la fractura interna dentro de la coalición de gobierno. La falta de apoyo de los senadores del PRO fue vista como una clara señal de que la relación entre el presidente y su partido no es tan sólida como parecía.