En medio de una creciente ola de criminalidad, el ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, ha denunciado una situación alarmante en cuanto a las detenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP). Según Santiváñez, hasta el 19 de marzo de 2025, la policía ha arrestado a 91.907 personas, pero el 92% de estos detenidos han sido puestos en libertad por la Fiscalía de la Nación. Esta declaración ha encendido el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el país, generando críticas hacia el Ministerio Público y, por otro lado, acusaciones de manipulación política dentro del proceso judicial.
El Ministerio del Interior de Perú denuncia liberaciones masivas
Juan José Santiváñez no dudó en criticar a la Fiscalía al señalar que, en lo que va de este año, más de 84.000 detenidos han quedado en libertad, una cifra que el ministro considera preocupante, ya que podría implicar que delincuentes peligrosos estén nuevamente en las calles. De los 91.907 detenidos, 63.264 son ciudadanos peruanos, mientras que 12.413 son extranjeros y 16.230 fueron arrestados por mandatos judiciales.
Según el ministro del Interior, la Policía Nacional está haciendo su trabajo, pero la Fiscalía, a través de decisiones de liberación, estaría contribuyendo a que muchos de estos delincuentes salgan libres. Santiváñez argumenta que, por ejemplo, 338 criminales con vínculos directos en 167 bandas criminales han sido liberados a pesar de su involucramiento en actos delictivos.
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Críticas a la Fiscalía: ¿Una acción política?
Las declaraciones del ministro Santiváñez han encontrado una fuerte respuesta desde el Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La fiscal general retó públicamente al ministro a que demuestre que la liberación de los detenidos por parte de la Fiscalía ha sido ilegal o injustificada. En una rueda de prensa, Espinoza subrayó que las acusaciones de liberación arbitraria carecen de pruebas concretas.
Además, Espinoza detalló que entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2025, la Fiscalía solo había recibido la comunicación de 32.578 personas detenidas en flagrancia, lo que hace que sea «imposible» ocultar cifras o liberar a detenidos sin la debida justificación. La fiscal también señaló que una parte significativa de las detenciones corresponde a delitos menores, como el estado de ebriedad, y que estos detenidos, al aceptar su responsabilidad, terminan quedando en libertad bajo ciertas condiciones.
Fotografía de la fiscal general de Perú, Delia Espinoza. EFE/ Paolo Aguilar
El papel de la Policía Nacional y los enfrentamientos entre las instituciones
Santiváñez también mencionó que la Policía Nacional ha logrado avances importantes en la lucha contra el crimen organizado, citando la desarticulación de 23 organizaciones criminales y 2.771 bandas, lo que indica una activa intervención en la seguridad pública. Sin embargo, el ministro parece sentir que estos esfuerzos se ven saboteados por la Fiscalía, a la que acusa de actuar con fines políticos. Esta guerra de palabras ha hecho que las tensiones entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación crezcan, mientras se cuestiona la eficacia de ambos organismos para hacer frente al flagelo de la delincuencia.
El ministro del Interior incluso mencionó que la Fiscalía, en un aparente intento de socavar su autoridad y la de su ministerio, ha realizado allanamientos en su domicilio y en las oficinas del Ministerio del Interior. Estos allanamientos están relacionados con una investigación por un supuesto pago de sobornos a favor de clientes en su época como abogado, antes de asumir el cargo público. Según Santiváñez, estos allanamientos son una muestra de un “abuso arbitrario” con fines políticos.
Paolo Aguilar/EFE
Las críticas de la Fiscalía a las acusaciones del ministro
Por su parte, la fiscal general, Delia Espinoza, rechazó las críticas de Santiváñez y, en un tono desafiante, preguntó: “Si realmente estamos liberando delincuentes peligrosos, ¿dónde están las denuncias contra los fiscales que están haciendo este trabajo?”. En respuesta a las declaraciones del ministro, Espinoza insistió en que la Fiscalía no está involucrada en liberar a delincuentes peligrosos sin justificación y que las detenciones no siempre cumplen con los estándares necesarios para que se mantenga a una persona detenida por más tiempo.
La fiscal también subrayó que un porcentaje considerable de las detenciones tiene que ver con infracciones menores, como los conductores en estado de ebriedad. En estos casos, cuando los detenidos aceptan su responsabilidad y cumplen con un pago de reparación civil, se les permite recuperar su libertad. Espinoza también mencionó que en algunos casos, los decomisos de drogas pueden verse retrasados debido a los procesos burocráticos dentro de los laboratorios policiales.