Se ha reportado que inmigrantes con asilo aprobado en Estados Unidos están recibiendo solicitudes de autodeportación, generando incertidumbre y temor entre comunidades vulnerables. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta medida forma parte de un nuevo programa anunciado el 5 de mayo, que ofrece asistencia financiera y logística a inmigrantes indocumentados para que regresen a sus países de origen a través de la aplicación CBP Home. Sin embargo, la inclusión de personas con asilo aprobado en este programa ha levantado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que contradice las protecciones legales otorgadas a estos individuos.
El programa de autodeportación ofrece un incentivo de 1,000 dólares y un pasaje aéreo a quienes acepten salir voluntariamente del país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha promovido esta iniciativa como una forma “digna” de abandonar Estados Unidos, asegurando que representa un ahorro del 70% para los contribuyentes. No obstante, el DHS no ha aclarado por qué inmigrantes con asilo aprobado, quienes han demostrado temor creíble de persecución en sus países de origen, están siendo contactados para participar en este programa. Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), más de 530,000 personas han recibido asilo o protecciones similares desde 2012, y muchos de ellos temen ahora perder su estatus legal.
Un estatus en riesgo
El asilo aprobado otorga a los inmigrantes el derecho a permanecer en Estados Unidos y eventualmente solicitar la residencia permanente, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Sin embargo, la administración de Donald Trump, que retomó el poder en enero de 2025, ha implementado políticas migratorias más estrictas, incluyendo la eliminación de protecciones en lugares considerados refugios, como iglesias y escuelas. El DHS también ha restringido el acceso al asilo en la frontera y ha reactivado centros de detención, como el de la base naval de Guantánamo, para procesar a más inmigrantes. En este contexto, las solicitudes de autodeportación a personas con estatus legal han generado confusión y desconfianza.
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Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta práctica podría violar las leyes internacionales de no devolución, que prohíben devolver a personas a países donde enfrenten persecución. El USCIS ha indicado que, en casos de denegación de permisos temporales como los del programa Manteniendo a las Familias Unidas, no se emitirán notificaciones automáticas de comparecencia ni se referirán casos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a menos que se considere que el individuo representa una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se seleccionan los inmigrantes para estas solicitudes de autodeportación ha dejado a muchos en un limbo legal.
Impacto en comunidades inmigrantes
La presión para la autodeportación no es nueva, pero su alcance a inmigrantes con asilo aprobado marca un cambio significativo en las políticas migratorias. Desde el lanzamiento de la app CBP Home, el DHS ha promovido esta herramienta como una alternativa para evitar detenciones por parte de ICE, que ha arrestado a más de 150,000 inmigrantes en los primeros 100 días de la administración Trump. Sin embargo, la inclusión de personas que ya han pasado por un riguroso proceso de asilo ha generado alarma. En estados como Nueva York, donde ICE arrestó a 133 inmigrantes con antecedentes penales en una operación reciente, las comunidades reportan un aumento en el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
El programa también ha enfrentado críticas por su implementación. Aunque el DHS asegura que la asistencia financiera se entrega tras confirmar el regreso del inmigrante, algunos han reportado problemas para acceder a los fondos prometidos. Además, países como Venezuela y Colombia han mostrado resistencia a recibir vuelos de deportación masiva, lo que complica aún más la logística.
Mientras tanto, el impacto emocional en las familias es innegable: muchos inmigrantes con asilo aprobado temen que aceptar la autodeportación los exponga a los mismos peligros de los que huyeron, mientras que rechazarla podría derivar en acciones legales por parte de ICE. Este dilema pone de manifiesto las tensiones entre las políticas migratorias actuales y las garantías legales que protegen a los asilados, marcando un desafío humanitario para el futuro inmediato.