EE.UU. archiva casos de migrantes enviados a prisión en El Salvador
El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a archivar los casos de migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador sin audiencias judiciales, muchos de ellos mientras esperaban resolución a sus solicitudes de asilo. La medida ha generado alarma entre abogados de inmigración, quienes advierten que esta práctica podría estar violando el debido proceso legal.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Andry Hernández Romero, un venezolano de 32 años que se encontraba detenido en el centro de Otay Mesa, en San Diego, cuando fue abruptamente deportado a El Salvador en marzo. Hernández, quien solicitaba asilo por haber sufrido persecución por su orientación sexual y postura política en Venezuela, fue uno de los 268 migrantes trasladados a una prisión de máxima seguridad salvadoreña bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Desestimaciones sin precedentes judiciales
Te Recomendamos
El martes, un juez de inmigración en San Diego desestimó el caso de Hernández, a pesar de los esfuerzos de sus abogados por mantenerlo activo. Esta decisión forma parte de al menos 14 desestimaciones que han ocurrido en las últimas semanas en cortes de inmigración de California y Texas, según organizaciones que representan a los migrantes afectados.
Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, expresó preocupación por lo que considera una estrategia del gobierno para cerrar los casos sin resolver el fondo de las solicitudes. “Parece que la intención es desaparecer legalmente a estas personas, como si nunca hubieran estado aquí buscando protección”, dijo.
Deportaciones masivas sin derecho a audiencia
El 15 de marzo, el presidente Donald Trump invocó poderes especiales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a cientos de venezolanos sin permitirles una audiencia ante un juez ni notificación a sus abogados. La mayoría de los afectados tenía solicitudes de asilo activas o casos pendientes ante tribunales de inmigración.
Michelle Brané, directora de la organización Together and Free, aseguró que las desestimaciones son particularmente preocupantes porque cierran toda vía de regreso al sistema judicial. “Si no son devueltos a EE.UU., esto sería un golpe al debido proceso y a las protecciones legales que deberían tener los solicitantes de asilo”, dijo.
Prisioneros incomunicados en El Salvador
Los migrantes venezolanos deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de El Salvador para alojar a presuntos miembros de pandillas. En este centro, los reclusos viven bajo régimen de aislamiento y sin acceso a abogados o familiares, lo que impide a los defensores legales comunicarse con sus clientes.
Los abogados han denunciado públicamente que, incluso cuando jueces federales han ordenado al gobierno facilitar el contacto con los migrantes deportados, no se ha cumplido. “No sabemos bajo qué autoridad legal están retenidos en El Salvador, ni cómo podemos establecer comunicación con ellos”, lamentó Toczylowski.
Acciones legales en curso y posibles apelaciones
Hernández es el demandante principal en una querella presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra la Administración Trump, acusándola de realizar deportaciones masivas sin respetar los derechos constitucionales de los migrantes.
Aunque la desestimación de su caso representa un duro revés, los abogados señalan que aún existen caminos legales para reabrir los procesos, en caso de que los deportados puedan regresar a territorio estadounidense. El juez que desestimó el caso de Hernández dejó abierta esa posibilidad, aunque no está claro cómo podría lograrse.
Reacción de familiares y defensores
Los seres queridos de los deportados han reaccionado con angustia ante las noticias de los cierres de casos. Reina Cárdenas, amiga de la infancia de Hernández, expresó su frustración. “Mantener el caso abierto era nuestra esperanza de que pudiera regresar. No se fue por voluntad propia, lo sacaron a la fuerza sin permitirle defenderse”, dijo.
Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración han ofrecido comentarios sobre las desestimaciones ni sobre la situación de los venezolanos en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos continúan presionando para que se reestablezca el contacto legal con los migrantes y se respeten sus derechos procesales.